SAN JUAN – Varias compañías de seguridad respaldaron el Proyecto del Senado 1050 que crea una nueva “Ley de Armas”, mientras que el gerente general de G4S Secure Solutions, Inc, Luis Pagán Reyes, indicó que el 95% de los asesinatos en Puerto Rico se cometen con armas ilegales.

“Esto según comentó en días recientes la fiscal Jenniffer Hernández, directora de la Unidad de Crímenes Violentos y Crimen Organizado de la Fiscalía en la Isla. Puerto Rico ocupa el lugar número nueve de países con más asesinatos con armas de fuego en Latinoamérica, según el estudio Insight Crime, mientras que la tasa promedio de Estados Unidos es de 6.6… la taza de 19.7 asesinatos por cada 100,000 habitantes”, dijo el ex funcionario de la Policía de Puerto Rico en la continuación de las vistas públicas sobre la propuesta ante la Comisión de Seguridad Pública que preside el representante Félix Lasalle Toro.

Al mismo tiempo, Pagán Reyes abundó que, según la Organización Mundial de la Salud, 10 o más asesinatos por cada 100,000 habitantes constituye una situación endémica, mientras que refirió que un estudio de la revista Forbes publicado en febrero de 2018 destaca que Puerto Rico es el país donde mayor cantidad de muertes ocurren usando armas de fuego.

A esos efectos, el representante Lasalle Toro expresó: “si, se está trabajando una ley de armas nueva, no es para el delincuente, sino para los ciudadanos que a diario están defendiendo, tanto a sus familias, como a sus negocios. Reconocemos a cada uno de los puertorriqueños que son dignos y que cuando están buscando una licencia lo que buscan es defender a su familia”.

Carl Leyva Ramos, CPA y comerciante dueño de la única estación de gasolina en Loíza, opinó que “toda persona decente y correcta debe tener el derecho a portar arma, pero con el respetivo adiestramiento y también saber hasta dónde puede llegar”. Reconoció la intención de la propuesta ley que permite el acceso justo y conforme al derecho constitucional de tener y poseer armas para la protección de la vida, la familia y los negocios.

El empresario narró que ha sido víctima en tres ocasiones de atentados en contra de su vida y la de su familia. “En el 1989 trataron de secuestrarme en el Santa Rosa Mall de Bayamón, y al estar armado con licencia logré defenderme de tres jóvenes de Toa Baja que intentaron secuestrarme”, relató al contar que para el 2006, un delincuente de Loíza trató de matar a su sobrino con una navaja en su estación de gasolina, luego de agredir al empleado de seguridad. También, confesó que para octubre de 2010, tres personas trataron de entrar a su casa y debido al adiestramiento que tomó en el club de tiro pudo defender su hogar. “No hay tiempo para pensar solamente tienes tiempo para reaccionar para defenderte o defender a tus seres queridos”, dijo.

Mientras, el representante José Aponte Hernández, dijo que portó un arma de fuego por un año y no la utilizó. “No sabía ni cómo sonaba. Pero conozco a personas que han sido víctimas de robo domiciliario, personas que han encontrado su perro muerto en el patio por un escalador. Otro, que de momento tenía a alguien dentro de su casa apuntándole en la cabeza con un arma. Esto, mientras otro individuo le apuntaban a su esposa e hija en la sala”, dijo durante el interrogatorio.

Entretanto, Pagán Reyes estimó que en Puerto Rico hay unos 40,000 guardias de seguridad y la demanda por esta oficialidad privada y armada cada vez es mayor. Además, que esta fuerza laboral cuadruplica a los miembros de la Policía de Puerto Rico, por lo que considera un apoyo significativo para la seguridad pública de la Isla.

El representante Lasalle Toro, accedió a la petición del representante Aponte Hernández que para el análisis de la legislación ‘G4S Secure Solutions, Inc.’, someta una ponencia breve por escrito sobre el proceso utilizado para traer oficiales de seguridad privados de los Estados Unidos, cuántos fueron y cuánto tiempo laboraron en la Isla.

Entretanto, el detective privado Ángel Fernández Berdeguez, se quejó por la lentitud para la renovación o aprobación de una licencia del sector privado de seguridad, a su vez, cuestionó porque los agentes del Orden Público deben tener 10 años o más como miembros de la fuerza para otorgarle un permiso de portar armas como ex funcionarios del Gobierno de Puerto Rico. Recomendó que sean 5 años.