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A votar por las emisiones de bono

Por: Luis Gallardo

Puerto Rico durante las últimas décadas se ha caído en un agujero negro fiscal. Tiene un gobierno que a través de las últimas décadas ha financiado su déficit con préstamos y ha emitido bono tras bono para financiar obras que deterioran y generan aún más déficits. Mientras los actores pertinentes siguen discutiendo alternativas para salir del programa, es necesario implementar medidas de largo plazo que aseguraran que Puerto Rico jamás regresaría a estas prácticas insostenibles.

Banco Gubernamental de Fomento. (Foto/Suministrada)

Banco Gubernamental de Fomento. (Foto/Suministrada)

Según el modelo tradicional de la política, los gobernantes escogen los proyectos y obras que más creen que quiere el pueblo. Ha sido uso y costumbre la emisión de bonos año tras año para financiar postas de caminar, parques acuáticos, centros deportivos, entre otras costosas obras. Obviamente, el paternalismo, clientelismo, favoritismo partidista y burocracia también se mete en el medio. Sin embargo, los que manejan el modelo de arriba para abajo nunca se han parado para preguntar al mismo pueblo que es lo que quiere. Actualmente, el ciudadano es solo testigo de las decisiones gubernamentales, y si no está de acuerdo, está obligado a aguantar cualquier mal decisión hasta el próximo ciclo electoral. La solución es la democratización del fisco.

En vez de dejar la chequera nacional en manos de políticos buscando la reelección, debe ser el mismo pueblo que decide cuándo y para qué se emiten los bonos. La práctica de confirmar cualquier emisión o préstamos significativos a través de un plebiscito es algo que se ha seguido en muchas jurisdicciones en varias partes del mundo. En estados y ciudades estadounidenses, por ejemplo, la norma requiere que los alcaldes y gobernadores que proponen obras tengan que primero acudirse a la caseta para buscar la aprobación ciudadana.

Esta propuesta no es producto del idealismo utópico. Se fundamenta en lo más básico de la democracia, ampliamente utilizada en gobiernos tantos conservadores como liberales. Hace pocos días, la cámara estatal de Carolina del Norte aprobó un referéndum para la emisión $2.8 mil millones para infraestructura y transportación. A la vez, los residentes de St. Louis, Missouri votaban sobre la emisión de $160 millones para el cuerpo de bomberos. Oficiales en Dallas, Texas debaten la sumisión a referéndum un bono de $1.6 mil millones para la construcción y mejora de escuelas.

No se puede temer la democracia. Tampoco se puede esperar que tenga que esperar un elector un cuatrienio para ratificar o rechazar una inversión de miles de millones de dólares. Y aunque es cierto que tendrá que gastar el gobierno en referéndums especiales, jamás llegaría al costo de las obras elefantes blancos que por décadas han sido la norma. Con unas pequeñas enmiendas a la Ley de Financiamiento Municipal y las leyes de varias agencias y corporaciones públicas, Puerto Rico podrá poner sus finanzas públicas a la potestad del pueblo y no la merced de políticos en campaña perpetua.

 

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