Por: CyberNews
SAN JUAN – El gobernador Alejandro García Padilla calificó el martes como “necesaria” la transacción de Alianza Público Privada del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.
“Cuando los puertorriqueños vean un mejor aeropuerto, con toda esa inversión allí. Cuando los empleados de la Autoridad de Puertos tengan por fin su trabajo garantizado, estoy seguro que eso tendrá un costo político positivo. El que diga que con esto yo estoy de alguna manera afectándome electoralmente, piense que sería en una contienda electoral si mañana no se les pueden pagar los salarios a los empleados”, dijo García Padilla en la conferencia de prensa en la que finalizaba el acuerdo de administración por 40 años del aeropuerto Luis Muñoz Marín a la empresa Aerostar.
García Padilla mencionó que la alternativa, o plan B, que tenía su gobierno en caso de que la Agencia Federal de Aviación (FAA) denegara el acuerdo de privatización, era solicitar un préstamo al Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
El primer ejecutivo insistió en que con la culminación de este acuerdo contractual, “se cumple con la palabra empeñada por el país”, cuando Luis Fortuño era gobernador.
“Si yo invito a una empresa a producir en Puerto Rico o construir, a que traiga su capital, imagínate que cada vez que el gobierno cambie anule los contratos del gobierno anterior, pues no vendría nadie de afuera porque no habría credibilidad”, mencionó.
La compañía mexicana comenzará oficialmente a operar las facilidades en agosto de 2013, pero este miércoles los arrendatarios del aeropuerto tendrán que hacer una transferencia electrónica al Banco Gubernamental de Fomento de $615 millones para abonarle a la deuda de más de $900 millones que tiene la Autoridad de Puertos.
También, tendrán que invertir $300 millones en arreglos de infraestructura en los primeros cinco años, entre otras asignaciones millonarias al Estado que se usarán para desarrollar los aeropuertos regionales y un plan de retiro incentivado para los empleados de la Autoridad de los Puertos.
Se informó que los obreros podrán convertirse en empleados de la empresa arrendataria, o reubicarse en cualquier otra facilidad que todavía administra la Autoridad de los Puertos.