Alega que Gobernador niega liquidación a agentes del NIE retirados

03/18/2014

Por: Redacción Presencia
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HATO REY- El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Aponte Hernández, denunció hoy que la administración de Alejandro García Padilla se está negando a pagar las liquidaciones a sobre 90 exagentes adscritos al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) que se acogieron al retiro el pasado 30 de junio de 2013.

José Aponte Hernández (Foto/Archivo)
José Aponte Hernández
(Foto/Archivo)

“Este es un ejemplo más de la forma desorganizada e improvisada que opera esta administración. Estos buenos servidores públicos llevan casi un año reclamando que se les paguen los dineros asociados a sus liquidaciones, dinero que acumularon justamente y en muchos casos, laborando en el gobierno por 30 años, y ahora el liderato de turno del Partido Popular Democrático (PPD) les está dando largas al asunto. Esto tiene que terminar ya”, expresó Aponte Hernández mediante una comunicación escrita.

El también expresidente cameral indicó que han sido decenas los agentes del NIE que se han comunicado con él para expresar sus preocupaciones sobre la falta de acción por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) ante sus reclamos.

Según el legislador, la liquidación, ya aprobada por el Departamento de Justicia, comprende días acumulados por vacaciones y días por enfermedad, así como exceso en horas extras trabajadas.

“Muchos de estos agentes nos han dicho que cada vez que visitan la Oficina de Nomina del Departamento de Justicia les indican que sus casos están el OGP siendo evaluados. Otras veces les expresan que llamen al Departamento de Hacienda para verificar el estatus de los mismos. La realidad es que los papeles y la liquidación, ya certificada por la agencia donde trabajaron, están entre OGP y Hacienda y este gobierno le está buscando trabas para pagar lo que por ley le corresponde”, añadió Aponte Hernández.

El malestar de estos exagentes es tal que hace apenas unas semanas atrás varios de estos funcionarios radicaron una querella en la Oficina del Ombudsman.