SAN JUAN – El costo de un dron a 500 dólares es solo la punta del iceberg que se esconde detrás de una alegada crisis económica y un complicado esquema de contratos y subcontratos en la Autoridad de Carreteras y Transportación, (ACT), declaró el martes, el presidente del capítulo del Programa de Solidaridad UTIER en la ACT, Ángel Pinto Rivera.
“La agencia tiene capacidad de producir ingresos millonarios y administrar otros de naturaleza federal que impactan la industria de la construcción, sin embargo, los políticos y el mercado la han quebrado”, así lo afirmo Pinto Rivera en comunicación escrita.
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PROSOL UTIER sostiene que detrás de la alegada crisis en la ACT se esconde la verdadera realidad de la agencia que según el sindicato es una mina de dinero para el gobierno y los contratistas privados.
Por su parte, Luis Pedraza Leduc señaló que la ACT “ha sido utilizada como tarjeta de crédito del gobierno para pagar otras deudas”.
“Podemos citar como ejemplos el Tren Urbano, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, AMA, la Autoridad de Transporte Marítimo y la Autoridad de Puertos, agencias que fueron y son subsidiadas por la ACT. De esta capacidad de pago se han beneficiado empresas privadas que ofrecen servicios de consultorías, cobro y manejo del peaje en los expresos, asesores legales, contratistas de estudios y mantenimiento de las autopistas entre otros”, expresó Pedraza Leduc.
Recordó que en abril de 2014 la unión le presentó a la ACT una propuesta de economías por más de 300 millones en actividades subcontratadas que deberían realizarse por personal de la agencia. La agencia, nunca ha querido considerar esta propuesta y no la ha refutado.
Por otro lado, señaló que existen malas decisiones de tipo político y gerencial en favor de empresas privadas.
“La decisión de alquilar la autopista 22 por 50 años y reducir la cantidad a recibir del peaje a un 25 por ciento ha privado a la ACT de recibir millones de dólares por concepto de los peajes. Igualmente la agencia paga todo la infraestructura del cobro de peaje y paga a una compañía privada por su operación, la cual obtiene ganancias millonarias anualmente. También la agencia ha beneficiado a cientos de consultores, abogados privados y otros contratistas que en su conjunto manejan contratos millonarios que deben estar en manos del personal gerencial y unionado de la agencia”, dijo Pedraza Ledic.
Añadió que la ACT ha sido víctima de la política partidista.
“Las decisiones de endeudar la ACT a través del Banco Gubernamental de Fomento fue una decisión política para subsidiar otras agencias del gobierno. Por años, los políticos se han beneficiado inflando la nómina de la ACT con cientos de nombramientos, aumentos de salarios y bonificaciones altamente jugosas. Salarios de sobre 5,000 dólares mensuales han sido otorgados a empleados vinculados a los partidos gobernantes. Estos ahijados políticos entorpecen el trabajo y el servicio público ya que no se deben al servicio, sino a sus intereses particulares”, dijo.
“Estas decisiones, además de ser ilegales, demuestran que los funcionarios gerenciales que han dirigido la ACT por años han incumplido sus deberes y que tienen gran responsabilidad por la crisis que hoy se alega hay en la agencia. En ese sentido deben ser investigados y obligados a asumir responsabilidad por sus actos y omisiones”, añadió.
Expuso que “a partir de la intervención de la Junta de Control Fiscal y la aplicación de planes fiscales se ha pretendido que los empleados públicos y la ciudadanía paguen los platos rotos. Mientras hay dinero para pagar a las compañías privadas salarios que hasta triplican el salario que por el mismo trabajo se pagan a los empleados unionados, la agencia no reconoce mejoras salariales desde hace más de 11 años, se eliminan beneficios económicos y sociales, les recortan el pago de horas extras y gastos de viaje y se reducen licencias de vacaciones y enfermedad entre otras medidas. La agencia ha implantado un proceso de renuncias incentivadas que ha provocado el éxodo de empleados hacia compañías privadas que se contratan a su vez para hacer el trabajo “eliminado”. La reducción de nómina de empleados gerenciales y unionados se traducen en contratos privados y servicios deficientes al público”.
PROSOL UTIER sostiene que la propuesta de privatización de la agencia y la salida de cientos de trabajadores afectará el desarrollo de un sistema vial planificado y en favor de las necesidades del país.