SAN JUAN – Miembros de la Confederación Estudiantil Nacional (CEN) alegaron el lunes que la Universidad de Puerto Rico (UPR) no tiene un plan fiscal adecuado para someterlo a la Junta de Control Fiscal (JCF), mientras que los profesores rechazan la intervención del ente federal.

“El plan fiscal circulado durante la semana pasada por administración de la UPR es uno con muchas deficiencias y que claramente carece de análisis y de cómo se va a operacionalizar las implementaciones recomendadas”, puntualizó el presidente del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras, Neftalí Sánchez Cordero en declaraciones escritas.

Los estudiantes se expresan así ante señalamientos de la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF) Natalie Jaresko, realizados en reunión con la Junta de Gobierno de la UPR y la solicitud de 15 días adicionales para entregar el plan fiscal por parte del presidente interino de la UPR, Darell Hillman. El pasado viernes, 9 de marzo, la JCF otorgó hasta el 23 de marzo para que la administración de la UPR entregue una nueva versión del plan fiscal.

“Es difícil conceptualizar cómo prepararse para un aumento en costos de estudio cuando la información provista es limitada y no brinda el espacio para contemplar cuánto necesitaríamos para cubrir los estudios y los costos asociados a estos”, sostuvo por su parte, el presidente del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Ponce, Juan J. De Jesús Oquendo.

Indicaron que la JCF le propuso a la administración universitaria el cierre de recintos o el aumento en costo por crédito subgraduado a 220 dólares.

“La comunidad estudiantil no está en negación, ni ajena a la situación económica del país. Sin embargo, reconoce que la administración debe contemplar aumentar su fiscalización sobre los fondos que obtienen, antes de contemplar cualquier tipo de reestructuración que resulte en limitar el acceso a la educación a la comunidad puertorriqueña”, sostuvo la presidenta del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas, Nancy R. Cardona Cordero.

“Poseer préstamos, tener más de un empleo, o ambas, son modalidades de pago actual en el sector estudiantil. De este modo, la recomendación por parte de la JCF podrá reducir las posibilidades de permanecer en la Isla y poder aportar en el desarrollo de nuestro país”, agregó.

Señalaron que actualmente, la administración de la Universidad se encuentra ponderando medidas para una nueva versión del plan fiscal. Por otra parte, los Consejos Generales analizarán las diferentes medidas para la discusión a llevar los representantes estudiantiles ante la Junta Universitaria y ante la Junta de Gobierno.

De otra parte, los miembros de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) rechazaron la intervención de la JCF en la administración de la UPR, pues según alegaron, afectará el acceso a la educación superior pública y el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico.

“Las recientes expresiones de la señora Natalie Jaresko, en torno a que ni los aumentos propuestos al costo de estudio, ni los recortes de gastos son suficientes y que se debe considerar el cierre de hasta cinco recintos, “solo demuestran el poco conocimiento que tienen sobre la función y el impacto del Sistema UPR en la isla”, dijo José Rivera Caballero, presidente de la APPU, en declaraciones escritas.

Señaló que de acuerdo al Centro de Información Censal de la UPR de Cayey, los recintos de la UPR han jugado un papel esencial en las economías de los municipios en donde se encuentran. Para el mes de febrero de 2017, en 10 de los 15 municipios con mayor productividad económica en el país había un recinto de la UPR.

De hecho, Caraballo Cueto, recientemente identificó que son los recintos de la UPR la única estrategia económica de envergadura para llevar desarrollo económico al interior del país y evitar aún más concentración en el área metropolitana. Ante estos datos, Rivera Caballero insistió en la UPR como pieza clave para la reconstrucción de los municipios del interior luego de los estragos causados por los huracanes Irma y María.

“Hoy más que nunca Puerto Rico necesita de una universidad pública accesible”, sostuvo.

Entretanto, dijo que la APPU ha denunciado que en el borrador del plan fiscal del gobierno que se entregó a la JCFel pasado mes de febrero no se considera la necesidad de revisar las leyes de incentivos contributivos para identificar aquellos que representan un gasto multimillonario al pueblo de Puerto Rico, pero que no tienen ningún impacto para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico. Sin embargo, la UPR es la primera universidad del país, superando en cualquier renglón las ejecutorias de las demás universidades privadas.

“Es completamente irracional que se imponga una reducción de la inversión gubernamental en la UPR de más del 50 por ciento, cuando el gobierno puede ahorrar incluso una cantidad mayor sin afectar el desarrollo económico, ni el derecho a la educación en nuestro país. Hago un llamado al primer ejecutivo y a la señora Jaresko a reenfocar en el desarrollo económico y atreverse a reformular los incentivos contributivos al sector privado que no estén cumpliendo con el propósito de fortalecer la economía”, finalizó.