FAJARDO – El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, denunció esta que la administración saliente del gobernador Alejandro García Padilla se apresta a adjudicar un millonario contrato para la privatización de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) a sólo días del cambio de gobierno.
(Foto/Suministrada)
Aponte Hernández señaló un posible conflicto de interés.”
“Esta administración, a días de su salida y en medio de un proceso de transición, está sentando las bases para declarar una emergencia en la ATM y así poderle adjudicar a un amigo del alma un contrato millonario de privatización de las operaciones de trasportación marítima entre Fajardo y las Islas Municipio de Vieques y Culebra”, comentó el líder legislativo mediante un parte de prensa.
Según indicó Aponte Hernández, el actual Director Ejecutivo de la ATM, José Ruiz García, contrató los servicios de la compañía CMA Architects & Engineers, LLP, para que, aparentemente, realizara un estudio de viabilidad en el muelle de Fajardo, entre otras cosas relacionadas con el servicio de lanchas. El primer contrato (número de contrato Oficina del Contralor 2017-000007), fue dado el 2 de agosto del presente año, días antes del comienzo de la veda electoral, por la cantidad de $393,400. El segundo contrato (2017-0000013) se otorgó el 7 de octubre, un mes antes de las elecciones y en medio de la veda, por la cuantía de $169,500.
De acuerdo al legislador de la Palma, el mencionado informe de CMA será utilizado por la administración García Padilla para justificar una declaración de emergencia en la ATM durante los próximos días y así adjudicar el servicio de la transportación marítima para las islas municipio a la única compañía, que por la información que tenemos, ha sometido una propuesta para ello, a pesar de que no se ha abierto un proceso de presentación de propuestas.
Por último, Aponte Hernández señaló, un posible conflicto de interés, de materializarle la privatización del servicio por 40 años como esta administración está impulsando, debido a que los directivos y empleados de confianza de la Autoridad para el Transporte Integrado (ATI), entidad que supervisa la ATM, buscan asegurarse puestos, mediante contratos de servicios profesionales, en la nueva empresa de transportación marítima.
