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Arzobispo de SJ se canta perseguido, luego de que le embargaran cuentas a la Arquidiócesis

Roberto González Nieves, arzobispo de San Juan. (Foto/Suministrada)

SAN JUAN (CyberNews)- Luego de varios días sin emitir declaración pública sobre el particular, el arzobispo metropolitano de San Juan, Roberto Octavio González Nieves se expresó el jueves sobre la determinación del Tribunal de Primera Instancia de embargar las cuentas de la Iglesia Católica.

“Luego de varios procesos judiciales, en el día de ayer, se desposeyó a la Arquidiócesis de San Juan, de sobre 400 mil dólares. Es decir, vaciaron sus cuentas. Tal vez para un individuo esta cifra pueda ser significativa, pero para una entidad como la Arquidiócesis es una cifra precaria y se demuestra lo que hemos dicho, somos una Arquidiócesis pobre, una institución con recursos limitados, para llevar a cabo la misión evangelizadora de la Iglesia que incluye su deber de anunciar la Doctrina Social de la Iglesia. Este dinero ya estaba comprometido para la nómina de los empleados, el pago de utilidades y para la caridad cristiana. Es un dinero que provenía de la caridad de los fieles para con la Arquidiócesis”, expuso González Nieves en declaraciones escritas.

“He advenido en conocimiento que hoy, a la Parroquia de San Andrés, una parroquia en un área pobre de Carolina, le vaciaron sus cuentas, al igual que a la Parroquia San Mateo, que es una parroquia al servicio a la comunidad pobre haitiana en Santurce, dejando a estos sacerdotes y sus empleados sin su salario Me acaban de informar, que embargaron otras cuentas de la Arquidiócesis destinada a la misión de la Iglesia, como la destinada para la catequesis, la destinada para la formación de los seminaristas y la de la formación de los futuros diáconos. En fin, el total expropiado ronda en un millón de dólares que estaban comprometidos a estos apostolados de la Arquidiócesis”, añadió.

Según González Nieves, la situación- además de afectar a los sacerdotes y el funcionamiento de las respectivas iglesias- 75 empleados quedarán cesanteados.

“Lo sucedido ayer y hoy no es otra cosa que una expropiación inmoral de bienes de la Iglesia Católica en Puerto Rico por parte del Estado, por vía de su Rama Judicial y se despoja, de momento, a 75 familias, la mayoría encabezadas por mujeres en la pobreza, es decir, familias que no tienen nada que ver con el fideicomiso-plan de pensiones de escuelas católicas, pero que tiene mucho que ver con sus habichuelas cotidianas y con su labor a favor de tantos pobres, material y espiritualmente, en nuestra arquidiócesis”, expresó.

De otra parte, interpretó la situación como una persecución.

“Con estas acciones, y con este ánimo prevenido, el daño que se quiere hacer a este servidor y a la Iglesia, se lo están haciendo a nuestros hermanos y hermanas, padres y madres de familia, que le dan vida a nuestras estructuras institucionales y pastorales. Me atrevo a pensar que la Iglesia en todo Puerto Rico vive una persecución injustificada”.

Por último, yo invito, como en veces anteriores, a cada escuela demandada, en la medida que le sea posible, negociar de buena fe con sus empleados y ex empleados demandantes, buscar avenidas de diálogo para lograr unos acuerdos razonables para todos. Nuestras escuelas no pueden convertirse en un botín para intereses personales, contrarios y ajenos a la educación católica, sino que están llamadas a ser lugares de paz, de sana convivencia, de respeto y de resolver disputas desde la buena fe y la caridad. Además ruego a los católicos en Puerto Rico y a nuestros hermanos y hermanas de otras confesiones religiosas a rezar para que se pueda resolver esta crisis mediante el diálogo”, concluyó.

El embargo de las cuentas responde una demanda de varios exempleados de las escuelas católicas en San Juan, quienes reclamaban el pago de sus pensiones.  El plan de pensiones fue suspendido, bajo el alegato de que no contaba con los fondos necesarios para satisfacer el pago a los pensionados.

El pasado 11 de junio de 2018, el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) determinó, que además del fideicomiso, las escuelas que estaban obligadas a pagar. Pero si las mismas no estaban incorporadas le tocaba entonces a la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana en Puerto Rico asumir la responsabilidad.

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