Por: Redacción Presencia
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EL CAPITOLIO- La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, Lydia Méndez Silva, expresó hoy su preocupación por las limitaciones operacionales del programa “Avanzando Juntos”, adscrito al Departamento de Salud, para atender niños con retrasos.

A esos efectos, la legisladora destacó durante una audiencia pública la importancia del Proyecto de la Cámara 1469, para crear la “Ley de Orientación sobre los Servicios Multidisciplinarios de Intervención Temprana en Puerto Rico” con el fin de garantizar que esta población infantil reciba los tratamientos correspondientes para superar sus rezagos.

La representante sostuvo que la solución a este problema es “simple”.

“La fórmula la vamos a dar aquí, porque para ella no se necesita ni dinero, o que se diga que no se puede hacer. Hace falta, y lo vamos a recomendar en este proyecto. Hay que hacer un plan integral entre las agencias que tienen los recursos. Si algo hay que reformar es esto”, insistió Silva.

Incluso, indicó que se debe informar de la existencia del programa a las familias que reciben servicios o visitan los Departamentos de la Familia o Educación que puedan tener niños con retrasos o deficiencias en el desarrollo y desconocen que si los tratan a tiempo los pueden superar.

Al mismo tiempo, la representante y autora de la propuesta que preside de la Comisión de Bienestar Social y Erradicación de la Pobreza, Luisa “Piti” Gándara Menéndez, planteó que  la evidencia obtenida muestra la importancia de brindarle los servicios a tiempo para corregir las condiciones que detiene el desarrollo de los niños.

La subdirectora del Programa de Madres, Niños y Adolescentes del Departamento de Salud, la doctora Naymar Pérez Otero, a cargo de “Avanzando Juntos”,  informó que la mayoría de los fondos del programa son federales y no son suficientes para atender las necesidades de 3,639 niños dentro del programa distribuidos en siete regiones.

Igualmente, señaló que la cantidad de niños que atienden superan los recursos con los que cuenta, ya que le imposibilitan pagar el tope de los 23 contratos contraídos con varios centros para adquirir tratamientos de audición, visión, psicólogos y otros especialistas. Al mismo tiempo añadió que se trata de un reto más. Por lo tanto, los niños tendrán menos recursos  de intervención temprana.