Buscan transferir dinero de la CEE y AFAF al Negociado de Ciencias Forenses

14 Nov
(Foto/Suministrada)

SAN JUAN – Luego de culminar una investigación que arrojó que más de 2,500 pruebas que se realizan a víctimas de delitos sexuales, conocidas como “Safe Kits”, no han sido examinados por el Negociado de Ciencia Forenses (NCF) por falta de recursos, la senadora Zoé Laboy Alvarado informó el miércoles, que radicó la Resolución Conjunta del Senado 335 para reasignar a dicha agencia 3 millones de dólares para esos fines, provenientes de los fondos asignados a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

“Esta situación es inaceptable.  Estos datos se traducen al hecho de que hay más de 2,500 víctimas, en su mayoría mujeres, esperando que se les haga justicia y doblemente preocupante que haya esa cantidad de agresores en la calle sin pagar por actos tan repudiables, quienes representan un peligro inminente para otras ciudadanas y otros ciudadanos”, expresó Laboy en comunicación escrita.

Describió que la investigación que se realizó como resultado de la Resolución del Senado 417, también de la autoría de la Senadora Laboy reveló que, de los 2,500 “safe kits” que contienen material genético de posibles agresores sexuales, la mitad cuenta con querellas relacionadas a delitos sexuales, que incluyen violación, sodomía, actos lascivos, agresión sexual conyugal y pornografía infantil, entre otros.

La senadora explicó que tras analizar las alternativas para que el NCF pueda examinar los “Safe Kits”, concluyó que los 3 millones de dólares que se necesitan para asignar los recursos, puede reasignarse de los balances disponibles del Inciso 15, Aparatado C, de la sección 1 de la Resolución Conjunta del Fondo General 2018-2019 por la cantidad de un millón quinientos mil dólares e igual cantidad de los balances disponibles del Inciso 31 Apartado C, que corresponden a AAFAF y la CEE.

De acuerdo con la Resolución Conjunta, el NCF dará prioridad en el uso de dichos fondos a la examinación de los “Safe Kits” asociados con una querella, en orden de antigüedad.  Previo al desembolso de los fondos asignados, el NCF deberá someter a la Asamblea Legislativa un plan de trabajo detallado para cumplir con los propósitos establecidos en la Resolución Conjunta.

“No tengo la menor duda de que esos fondos serán mejor utilizados para allegar los recursos que permitan esclarecer estos casos de delitos sexuales, lo que ayudará a procesar a delincuentes y ganar la confianza de las víctimas en nuestro sistema de justicia”, concluyó.