SAN JUAN – Múltiples quejas se han recibido en la Casa de la Leyes por parte de ciudadanos que reclaman poder ver la programación local de Wapa TV y a la misma vez denuncian estar bloqueados por un proveedor de cable satelital que los orienta con pagar una penalidad si eliminan el contrato.

Y es que a estos fines el representante de Arecibo- Hatillo, José “Memo” González Mercado precisamente presentó legislación para que se investigue desde la Cámara los reclamos de los consumidores que quieren retirarse del contrato de cable satelital y le están imponiendo multas ascendentes a los 300 dólares.

“El consumidor o televidente cuando se acogió a la programación de la compañía de cable, la empresa ofreció dentro de sus paquetes la programación de Wapa Tv y Wapa Deportes. Ahora que ellos denuncian que no están proveyendo el canal y quieren cambiarse con otro proveedor están siendo penalizados”, mencionó “Memo” González Mercado.

Añadió que ha recibido múltiples llamadas de ciudadanos tanto a la oficina del distrito de Arecibo como en el Capitolio reclamando ver el canal 4.  “Un sin número de residentes de los pueblos que represento me han llamado para verificar que gestión puedo hacer desde la legislatura, ya que ellos están siendo convocados a pagar una penalidad por el cambio”.

Según estipula la pieza legislativa de la Cámara de Representantes 973 se ordena realizar una investigación detallada sobre la cancelación de la transmisión Wapa TV y las amenazas de sanciones a los consumidores por cancelación del contrato.

“Entiendo que la relación entre el proveedor de televisión por satélite y Wapa TV es una privada en la que solo deben estar envueltas las partes contratantes, sin embargo, no podemos pasar por alto que existe un interés del estado relacionado con el trato a los consumidores” sostuvo el Representante.  

Mientras aclaró que entiende que el contrato entre la compañía proveedora de televisión por satélite y el consumidor no debe estar sujeto a cambios unilaterales cuando el mismo es uno de adhesión.  

La medida ordena a la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros y a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía realizar una investigación detallada sobre este asunto para poder determinar que proceder en cuanto a los resultados de la investigación.