SAN JUAN – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, dijo el lunes que le solicitó información a la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre el impacto en el desarrollo económico que ha tenido la Ley 80 de 1976 de indemnización por despido sin justa causa.

En su negociación con la entidad federal creada bajo la Ley PROMESA, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares accedió a presentar un proyecto de administración que elimine el estatuto, a cambio de que no se elimine el Bono de Navidad y se reduzcan los días por concepto de vacaciones y licencia de enfermedad, entre otros asuntos de índole presupuestaria. El mandatario, llegó a El Capitolio donde sostiene un caucus con ambos cuerpos legislativos.

“Nosotros le hemos requerido mayor información. Hoy el gobernador va a estar dirigiéndose al Caucus de la Cámara de Representantes y luego de eso decidiremos si hay ambiente, dijo Méndez Núñez a preguntas de la prensa.

“Nosotros tenemos que mirar cuál ha sido el impacto de la Ley 80 a través de todos estos años. El último examen que yo hice de la Ley 80, en el año que más casos se radicaron, fueron alrededor de 83 y de estos, sólo dos o tres prosperaron en los tribunales, añadió.

Por su parte, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo que espera que ambos cuerpos legislativos apoyen la iniciativa.

“Lo que es el acuerdo, entendemos que es de gran beneficio para el pueblo de Puerto Rico y estaré hablando con el caucus, espero que apoyen esta iniciativa”, dijo Rosselló Nevares a su llegada a El Capitolio.

El presidente cameral sostuvo que, aunque el proyecto de administración es presentado por el Ejecutivo, son los presidentes legislativos los que lo radican. En este caso, la radicación en la Cámara de Representantes depende de la información solicitada a la Junta de Control Fiscal sobre la Ley 80.

“Queremos saber cuál fue el impacto económico de la derogación de la Ley 80, en términos de las finanzas del Gobierno de Puerto Rico”, expresó Méndez Núñez.

La Ley 80 de 1976 no tiene ningún impacto en las finanzas del Gobierno de Puerto Rico, porque es un estatuto que aplica a la empresa privada.

“Pero lo que queremos es que sean ellos los que lo contesten. Ellos alegan que la Ley 80 afecta el desarrollo económico del país y nosotros queremos que ellos nos prueben con datos que eso es así”, sostuvo.

Por su parte, el senador Aníbal José Torres expresó que al final la Ley 80 será derogada.

“Yo no tengo la más mínima duda de que al final se aprobará lo que diga la Junta”, expuso Torres.

“Hay otros aspectos de la negociación que queremos ver. No sabemos si sigue el aumento en el presupuesto a la Junta, si sigue el aumento para AAFAF, el gobernador no ha hablado sobre eso y el presidente del Senado ya ha dicho que él no ha sido consultado sobre eso, así que vamos a ver el resultado”, añadió.