“Contralora tome nota y corrija: la Escuela Especializada de University Gardens pertenece al Departamento de Educación de Puerto Rico. No es del Municipio de San Juan aunque está en el Municipio de San Juan”, dijo Cruz en una declaración escrita.

La contralora, Yesmín Valdivieso divulgó el jueves el resultado de la investigación de una querella relacionada con el uso de fondos propios de la Escuela Especializada University Gardens. Sin embargo, el escrito indica que la mencionada escuela es del Municipio de San Juan. No obstante, solo en la portada del documento de siete páginas se refiere a la escuela como: Escuela Especializada University Gardens, Departamento de Educación.

“Quiero pensar que esto es un error de redacción y que pronto veremos el comunicado de la Oficina de la Contralor, y a la Contralor misma, pidiendo excusas por la falsedad del comunicado”, sostuvo la alcaldesa.

“Pero es que no se cuál de las opciones es peor: que fuese un error de un trabajo mal hecho -y perdonen la palabra chapucero- o la otra opción, que intencionalmente se esté prestando esta Oficina para el juego político”, agregó.

La ejecutiva capitalina alertó que hay que tener mucho cuidado de no usar, ni siquiera dar la impresión, de que se están usando las instituciones para perseguir políticamente. “Las cacerías de brujas le quitan credibilidad a estas instituciones y nuestro pueblo ya no les tiene mucha confianza. No le quitemos la poquita que le queda”, dijo.

“La mala fe ya es burda y la ansiedad por responsabilizarme aún de lo que le corresponde al Gobierno Central es bochornosa”, concluyó Cruz al solicitar a medios que divulgaron la información que también hagan la aclaración debida.

El comunicado de la contralora, al que Cruz catalogó como “equivocado” detalla que en la querella se alega que no se mantiene un control adecuado sobre los fondos propios. La Escuela obtiene más de 50,000 dólares anuales mediante donaciones, venta de refrigerios en máquinas expendedoras y actividades de “casual days”. Además, se indicó que se compró un proyector por 15,000 dólares sin seguir el debido proceso.

La investigación realizada por la Oficina de Querellas e Inteligencia Fiscal reveló que se incumplió con el Reglamento 23, Reglamento de Consejos Escolares, y con la Guía para el Manejo de Fondos Propios.

“Las situaciones mencionadas no permiten ejercer un control adecuado de las operaciones que se realizan en la Escuela. También propician el ambiente para la comisión de errores e irregularidades en dichas operaciones y dificulta que se puedan detectar a tiempo para fijar responsabilidades. Además, nos impidió verificar la corrección y la propiedad de los ingresos y gastos, pues no se nos suministraron los documentos necesarios”, señaló la contralora.

El informe con fecha del 12 de febrero de 2018 está disponible en www.ocpr.gov.pr .