CAROLINA – Tras el embargo de unos $76.4 millones que mantiene el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) pertenecientes al municipio de Carolina, el ayuntamiento se vio obligado a reajustar responsablemente sus finanzas con el fin de no lacerar los servicios ciudadanos de mayor necesidad.
(Foto/Suministrada)
Municipio reajusta sus finanzas para no detener los servicios ciudadanos de mayor necesidad.”
Entre otras medidas de austeridad, el municipio se ve imposibilitado de renovar algunos de los contratos que culminan el 31 de diciembre.
Según señaló el alcalde de la ciudad, José Carlos Aponte, desde inicios de este año, el gobierno autónomo radicó una demanda al gobierno central y al BGF por incautar los fondos municipales ya que estos, no le pertenecen ni a esa entidad ni a los bonistas. De hecho, contrario a otros municipios, Carolina no mantenía préstamos con el BGF.
“El municipio ha operado con unos $80 mil millones menos durante el periodo de 2009 a 2016, sin afectar servicios a la comunidad ni la nómina de empleados regulares. Hemos sido muy rigurosos con el control de gastos en estos últimos años, congelando plazas de personas que renuncian o se retiran, generando economías con reducción de proyectos y propiciando el desarrollo económico para aumentar los ingresos,” explicó el alcalde.
“No hemos despedido empleados; si hemos permanecido con un nivel operacional de excelencia ha sido por las medidas de control presupuestario que se han tomado”, añadió Aponte quien explicó además, que el secretario de Hacienda le ordenó llevar el dinero incautado a pérdida como lo han hecho otros municipios; no obstante, el capital no se trata de un préstamo que Carolina dejaría de pagar, sino, dinero depositado en una cuenta de ahorros del municipio.
Finalmente, como todo contrato que tiene fecha de inicio y terminación, la administración decidió no renovar unos 127 contratos que culminan su vigencia a final de año.
Esta decisión del gobierno central, según expresó Aponte, se agrava ya que el pleito legal incoado por el GMAC se encuentra detenido por la Ley Promesa. La demanda entablada por el alcalde de Carolina al BGF exige al gobierno central cumplir con el acuerdo de inversión de estos fondos realizado por ambas partes y que le permita al municipio autónomo el desembolso de fondos propios. Se espera que el pleito retome su activación el 20 de febrero de 2017.
