Ciudadanos denuncian conflicto y exigen vistas públicas

05/22/2014

Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN- En el día de ayer se celebró Vistas Públicas sobre el Proyecto de la Cámara 1892. El Proyecto presenta la eliminación de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) y la fusión de la misma con la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO).

(Foto/Suministrada)
(Foto/Suministrada)

A pesar de que los citados fueron agencias gubernamentales, la sala se encontraba a su máxima capacidad con ciudadanos y grupos ambientales expresando repudio a esta medida.

Entre los presentes se encontraban el Sierra Club, Basura Cero, Defensa de la Comunidad la Poza, Madres de Negro, Ciudadanos en Defensa del Ambiente, Cooperativa Orgánica Madre Tierra, la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Comité de Servicios Legales Arecibo representante de las Iglesias Evangélicas y representación de las comunidades de Arecibo y Hatillo.

En la ponencia de la Federación Central de trabajadores indicaron que, “el Proyecto pretende relegar el manejo de los residuos sólidos a un plano inferior al que en la actualidad ocupa…[e]l manejo de los residuos sólidos es un asunto estrechamente ligado a la salud pública y el ambiente. Bajo ninguna circunstancia en una sociedad moderna, se le ocurriría a nadie relegar la salud, y el medio ambiente a un segundo plano.”

Asimismo, ante preguntas de la Comisión de Gobierno, presidida por José “Conny” Varela, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) no pudo contestar cuál sería el ahorro concreto de dicha reorganización.

Los grupos fueron puntales en su rechazo a la medida e indignación sobre las expresiones de los directores de ADS y PRIDCO.

“PRIDCO ya tiene el rol de crear industrias, es parte de su propósito. Desde el 2007 se han presentados datos por la misma ADS indicando que el reciclaje tiene el potencial de generar más de 400 millones de dólares. ¿Por qué PRIDCO no ha promovido antes la industria del reciclaje, reúso y compostaje? Cuestionamos grandemente que la adición de un programa de desperdicios sólidos y la pérdida de una agencia que planifique y vele por el manejo adecuados de estos haga más proactivo a PRIDCO”, indicó Javier Biaggi de Basura Cero.

“El mal manejo de los desperdicios sólidos puede resultar en una degradación de nuestros recursos naturales y es un potencial riesgo para la salud de nuestras comunidades. Nos encontramos indignados que la Dirección de ADS entienda que la política pública del manejo de residuos debe ser dictaba por una compañía con el propósito de crear capital. Estamos decepcionados que una administración que presentó como parte de su política pública la implantación de Programas Basura Cero deje relegado a un segundo plano el manejo de desperdicios. Contrario a lo que expresó la Dirección de ADS ayer, no estamos de acuerdo con el Proyecto de Ley 1892 y hemos sometido más de 100 comentarios al respecto. Esperamos que la Comisión de Gobierno considere las enmiendas que le hemos presentado como la adscripción del programa al DRNA (Departamento de Recursos Naturales y Ambientales), la eliminación de lenguaje de incineración y la inclusión de lenguaje sobre Basura Cero”, comentó Adriana González Organizadora del Sierra Club.

A pesar de encontrarse la sala a su máxima capacidad y con una lista de más de 20 personas interesadas en deponer, la Comisión se limitó a escuchar las ponencias de las entidades gubernamentales.

“Solicitamos ante la Comisión de Gobierno de la Cámara y Públicamente que se celebren más vistas públicas sobre esta medida. Entendemos que las comunidades y grupos tienen el derecho a participar del intercambio que se hace posible en una vista pública”, indicó Pedro Sadee de la Clínica de Asistencia Legal de la UPR.

El Presidente de la Comisión garantizó la celebración de nuevas vistas públicas para atender los reclamos y las propuestas de los grupos ambientales y la ciudadanía en particular que se dieron cita a las vistas.

Concluyeron los grupos recalcando su rechazo a la propuesta de eliminar la ADS y exhortaron la colaboración entre el gobierno y la sociedad civil para encontrar soluciones efectivas a la crisis fiscal del País que no menoscaben los servicios fundamentales que se le deben brindar a la ciudadanía.