Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN- La Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste (CEN) hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para que reevalúen las condiciones extraordinarias bajo las cuales se tasaron terrenos en la Reserva Natural del CEN (RNCEN) para su posterior compra con fondos estatales y federales.
(Foto/Suministrada)
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ha adquirido al día de hoy cerca de 630 cuerdas en la Reserva Natural. El valor de los terrenos estuvo basado en cuatro estudios de tasación que presumían que el gobierno iba a permitir la construcción de los proyectos residenciales turísticos San Miguel Resort y Dos Mares Resort en la RNCEN.
Los proyectos, en cambio, nunca obtuvieron permiso alguno.
Los terrenos fueron comprados a los proponentes de ambos proyectos, Juan Ramón Zalduondo, y Efraim Kier, Luis Alberto Rubí y Mark Greene, respectivamente, por una suma total aproximada de $28.5 millones. Las tasaciones fueron realizados por la firma McCloskey-Mulet & Bonnin Appraisers, PSC.
“Nos preocupan enormemente las presunciones irrazonables utilizadas para tasar los terrenos adquiridos y el efecto que tuvieron finalmente sobre su precio. Pero más aún, por el impacto que podrían tener al encarecer compras futuras en el Corredor y otras áreas de la Isla para su protección, sobre todo cuando los fondos disponibles para la conservación de terrenos en Puerto Rico han sido siempre muy limitados. Por tal razón, hacemos un llamado a las autoridades pertinentes para que reexaminen si estas transacciones se llevaron a cabo correctamente y en ley”, señaló Luis Jorge Rivera Herrera, planificador y científico ambiental de Iniciativa para un Desarrollo Sustentable (IDS), organización perteneciente a la Coalición.
Este expuso que la mayoría de los terrenos comprados por el DRNA en la Reserva Natural del CEN se distinguen por tener serias limitaciones para su desarrollo.
Estos albergan especies vulnerables o en peligro de extinción, humedales, son inundables, en algunos casos con un nivel de inundación mayor a los diez pies de profundidad. La calificación o usos del terreno establecida por la Junta de Planificación al momento de la compra era, a su vez, para conservación o uso agrícola.
Algunos terrenos adquiridos, incluso, están sujetos a la Ley Federal de Barreras Costaneras, prohibiendo el uso de fondos federales para viabilizar su urbanización, incluyendo su elegibilidad al seguro contra inundaciones manejado por la Administración Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por su siglas en inglés).
Los terrenos fueron comprados por el DRNA entre los años 2007 y 2013.
La Coalición informó que apoya la adquisición de terrenos en la Reserva Natural del CEN por parte del DRNA para lograr su manejo integral, siempre y cuando sea a un precio justo para todas las partes basado en la realidad física y legal del área.