Confirman que más de 40 escuelas públicas están sin Trabajadores Sociales antes y después del huracán María

08 Nov
(Foto/Archivo)

SAN JUAN – La Comisión de Educación y Reforma Universitaria llevó a cabo una vista púbica para investigar exhaustivamente el funcionamiento de los servicios prestados por los orientadores y trabajadores sociales del Departamento de Educación.

A preguntas del presiente de la comisión, el senador Abel Nazario Quiñones, la profesora Inés Rivera Colón, directora del programa de Trabajo Social Escolar, reveló que en la actualidad hay 40 escuelas públicas sin trabajadores sociales para atender la estudiantado.

La profesora señaló que esta era la cifra antes del paso devastador del huracán María, pero que entendía permanecería igual o tal vez habría aumentado al presente.

“Mi preocupación más bien es con los protocolos de manejo tras el paso del huracán María. Esos estudiantes han pasado un proceso de devastación en su comunidad y en sus escuelas. ¿Qué pasos se han tomado para trabajar con esos estudiantes?”, cuestionó el senador Juan Dalmau.

Elogiando la labor de los trabajadores sociales escolares, la senadora Migdalia Padilla, cuestionó a la profesora si al fin se había logrado una coordinación entre el Departamento de la Familia y los trabajadores sociales escolares, con los estudiantes víctimas o con sospechas de abuso sexual.

“Recomendamos crear una nueva ley para trabajar con esos casos, solicitamos una reunión con el departamento legal del Departamento de la Familia para trabajar con la rapidez de los casos del abuso sexual”, explicó el licenciado Daniel Russé, quien asistió en representación de la Secretaria de Educación.

El autor del Proyecto del Senado 304, el senador Miguel A. Laureano Correa, sostuvo que radicó esta medida legislativa ya que por su experiencia en muchos casos fallan los protocolos en los casos de sospecha o quejas de maltrato o abuso sexual de la población estudiantil en la Isla.

Los Senadores de la comisión acordaron reunirse con las agencias pertinentes para crear legislación para remediar estos delicados asuntos antes que culmine diciembre de 2017.