SAN JUAN – La Comisión de Servicio Público y la empresa Uber no lograron un acuerdo, por lo que la jueza Rebeca De León comenzó la vista judicial para atender la controversia.
Lo que pretendía CSP era que la empresa cesara y desistiera de comenzar a operar en Puerto Rico, a lo que la empresa contrademandó bajo el alegato de que la CSP carece de jurisdicción para intervenir.
“Hubo una moción de desestimación que se radicó en el otro caso, que radicó Uber, y por lo tanto nuestros abogados no la habían recibido y no la habían leído. En vista de que no se sentían preparados, le pidieron a la honorable juez que le diera la oportunidad de leerla y que citara en la mañana si era posible y así lo hizo”, dijo Negrón a preguntas de la prensa.
Negrón, explicó que le solicitaron voluntariamente a Uber que cese operaciones en Puerto Rico en lo que termina de aprobarse el reglamento, pero al momento no han recibido respuesta de la compañía matriz cuya sede es en Estados Unidos.
Por su parte, el presidente de la Federación de Taxistas, Juan de León le exigió el jueves a la Policía que multe a los choferes de Uber.
“Alguien tiene que tomar acción. Estoy emplazando a la Policía de Puerto Rico porque basado en la Ley 22 tiene clara jurisdicción para multar, espero que el Estado de alguna manera le envíe un mensaje a Puerto Rico de que somos un país de ley y orden. ¿Por qué si no, quién mañana va a decir que nosotros estamos violando la ley? Esa sería la gran incógnita y pregunta mañana”, dijo De León a su salida del Tribunal de San Juan.
De León insistió en el llamado a los taxistas para que se abstengan de actos violentos contra choferes de Uber.
El juez Superior Ángel Pagán Ocasio, ordenó el lunes, la consolidación de las demandas que se radicaron mutuamente la empresa Uber y la Comisión de Servicio Público (CSP) y mantuvo la citación para ambas partes a la vista que había ya convocado.
La decisión del tribunal obedece a que en ambos pleitos lo que está realmente en controversia es cuál agencia gubernamental, si alguna, es responsable de supervisar las actividades de Uber en la Isla.
Uber sostuvo que la CSP carece de jurisdicción para regular sus operaciones y solicitó por su parte al Tribunal que le ordene que desista de toda acción reguladora en su contra y alegó que quien único tiene jurisdicción para establecer la política pública sobre la transportación en el País es el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP.
Sin embargo, se informó que el DTOP está preparando un reglamento a tales efectos
El proceso en el tribunal recesará hasta el viernes para atender una moción de desestimación por Uber.