SAN JUAN – La contralora Yesmín Valdivieso divulgó el lunes una auditoría sobre supuestas irregularidades relacionadas a la contratación de servicios profesionales de una corporación general para ofrecer servicios de ingeniería y agrimensura contrario al ordenamiento jurídico, hallazgo que fue referido a los Departamentos de Justicia y Estado.
Según detalló la funcionaria en una comunicación escritas, las irregularidades tratan sobre la formalización de contratos con una vigencia mayor a la permitida, la falta de cláusulas en un contrato de servicios profesionales y la contratación contrario al ordenamiento jurídico vigente, entre otros.
“El municipio formalizó un contrato con tres enmiendas por 475,000 dólares del 5 de febrero de 2010 al 5 de julio de 2012 que impactó dos años fiscales contrario a la Ley 237-2004, por lo cual los pagos realizados posterior a los 12 meses permitidos como vigencia del contrato, constituyen pagos contrarios a la ley. Además, el examen reveló que no se incluyeron cláusulas e información importante que protegiera los intereses del municipio”, explicó Valdivieso, según el informe de auditoría M-16-34.
En su informe, la Contraloría recomienda al secretario del Departamento de Justicia (DJ) y al secretario del Departamento de Estado a considerar el hallazgo relacionado con la contratación de una corporación general para ofrecer servicios de ingeniería y agrimensura contrario al ordenamiento jurídico. Estas situaciones se remitieron a los mencionados funcionarios el 2 de septiembre de 2015 y están pendientes de ser investigadas, a la fecha de este Informe.
Además, la auditoría alega que “el municipio formalizó 22 contratos y 16 enmiendas por 693,973 dólares de agosto de 2009 a diciembre de 2012 con una corporación regular que no estaba constituida como de servicios profesionales”.
“El municipio no le solicitó a la corporación la licencia profesional que lo acreditara a ejercer la profesión de ingeniería y agrimensura y el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico nos certificó que dicha persona no está autorizado a ejercer la mencionada profesión en Puerto Rico”, dijo la contralora.
La opinión de la Contralora es favorable con excepciones y cubre el período del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2013. El informe de auditoría está disponible en www.ocpr.gov.pr.