Contralora revela serias desviaciones de ley en municipio de Río Grande en periodo de convicto alcalde

04 Apr

SAN JUAN – La contralora Yesmín Valdivieso publicó el lunes un informe de auditoría al Municipio de Río Grande el cual reveló entre otras cosas cotizaciones falsas solicitadas por un empleado que respondía al alcalde, pero no estaba autorizado para esas funciones.

Yesmín Valdivieso, contralora de Puerto Rico. (Foto/Suministrada)
Yesmín Valdivieso, contralora de Puerto Rico. (Foto/Suministrada)

“El municipio de Río Grande incurrió en déficits operacionales por 4.2 millones, 44.6 millones y 3.4 millones de dólares en los años fiscales de 2012 al 2014; sobregiros por 824 mil dólares de 2011 al 2014 y sobregiros por 1.9 millones de dólares al 31 de marzo de 2015”, expuso la contralora en declaraciones escritas.

“Además, en enero de 2014 se adjudicó la mejora del sistema eléctrico del Estadio Ovidio de Jesús por 31,600, aunque una de las cotizaciones era falsa. Además, un funcionario municipal que respondía al entonces alcalde, solicitaba, recibía, evaluaba y recomendaba las cotizaciones sin estar autorizado a realizar dichas tareas. De septiembre de 2011 a julio de 2014 dicho funcionario había obtenido 15 cotizaciones (incluida la falsa antes mencionada) que derivaron en contratos por 256 mil dólares”, añadió.

Valdivieso mencionó también que otro de los hallazgos que señalas desviaciones de ley y de reglamentación “es el fraccionamiento en tres contratos de una obra de pavimentación cuyo costo total era de 204,501 dólares, para obviar el requisito de celebrar subasta pública; los préstamos por 6.9 millones de dólares realizados al Banco Gubernamental de Fomento para el pago de deudas a entidades gubernamentales y privadas; multa de 45,010 dólares por incumplir con la Ley de Aguas Limpias y la adquisición de un edificio y unas butacas para la pista de atletismo por 915,464 dólares que no han tenido ninguna utilidad.

El Informe de 13 hallazgos y tres comentarios especiales indica que no se cobraron patentes municipales a los contratistas que realizaron obras en el Municipio.

“El entonces alcalde autorizó en periodo eleccionario una transferencia de crédito para aumentar los gastos operacionales contrario a la Ley 81-1991; la Unidad de Auditoría Interna (UIA) no efectuó auditorías periódicas sobre el funcionamiento del Sistema Uniforme de Contabilidad Mecanizado y el Municipio no mantenía un registro actualizado de sus bienes inmuebles”, sentenció.

La opinión de la Contralora es parcialmente adversa y el Informe cubre el período del 1 de enero de 2011 al 30 de junio de 2015. Para ese entonces el alcalde fue el ahora convicto Eduard Rivera Correa.