SAN JUAN – La Contraloría de Puerto Rico emitió el martes una opinión favorable sobre contratos de servicios profesionales y consultivos y controles administrativos e internos de la Policía de Puerto Rico.

“El informe de once hallazgos revela que la Policía pagó 5,466 dólares con 94 centavos en exceso por horas no trabajadas a un profesor de materias legales y, por otro lado, retuvo 44,986 dólares en exceso a un contratista por reembolso de gastos exentos según la Carta Circular 1300-09-14 del 2013”, detalla parte del informe de la agencia.

Específicamente los hallazgos, que aunque se identifican favorables, contiene excepciones, surgen del examen realizado al Negociado de Recursos Humanos de la Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad Profesional y del Negociado de Investigaciones de Licencias e Inspección de Armerías de la Policía de Puerto Rico.

No obstante, la Contraloría recomendó al secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, que tome las acciones pertinentes por el hecho de que la Policía no notificó el pago de 13.5 millones de dólares por tres contratos en declaraciones informativas a Hacienda.

“Nuestros auditores identificaron que contrario a la Ley 237-2004, se otorgaron contratos para realizar funciones similares a las de un puesto dentro del Plan de Clasificación de Puestos. Cada uno de estos contratos devengó entre 1,200 dólares hasta 26,376 dólares anuales por encima de lo establecido en el Plan. Además, se otorgaron múltiples contratos de servicios con falta de información importante o sin todas las certificaciones requeridas”, estableció.

El informe también señaló que no se realizaron las pruebas de sustancias controladas anuales a todos los funcionarios y empleados de la Policía según dispone el Reglamento 6403 del 2002, sino apenas al 12 por ciento del personal.

Añadió que no se realizaron las evaluaciones psicológicas al personal de rango y clasificado de la uniformada dentro de un periodo de tres años según dispone la Ley 53-1996.

En los últimos seis años sólo se le ha efectuado dicha prueba entre el 3 al 11 por ciento de los empleados.

Finalmente recomendó que se promueva reglamentación para la Sección de Análisis de Huellas Dactilares de la División de Identificación Criminal y que se actualicen los procedimientos para administrar la Ley de Detectives Privados de Puerto Rico.

El Informe cubre el periodo del primero de enero de 2013 al 31 de octubre de 2016 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.