Por: CyberNews
SAN JUAN – El Centro Unido de Detallistas (CUD) radicó el viernes en el Tribunal de Primera Instancia, una petición de cese y desista, con el fin de dejar sin efecto el Reglamento Número 7831 del Departamento de Hacienda en relación al seguro obligatorio.
El Reglamento impone a los Centros de Inspección la responsabilidad de procesar la prima del seguro obligatorio y otras funciones en beneficio de la Asociación de Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio (ASC), que es un asegurador privado.
“Este reglamento es una acción sin precedente, con el que una agencia del gobierno impone a todo un sector empresarial del País unas funciones y labores en beneficio exclusivo de una entidad privada. Entendemos que es inconstitucional lo establecido en este estatuto regulatorio, además de ir en detrimento de la estabilidad de cientos de Centros de Inspección que por años han servido con excelencia al gobierno y al consumidor”, dijo Enid Monge, presidenta del CUD.
“Alguien tiene que asumir estos costos y no es justo que sea el comercio o el consumidor puertorriqueño, tomando en consideración que actualmente los aseguradores cobran al consumidor, como parte de la prima, una partida para el pago de estos costos de adquisición. Actualmente otros aseguradores privados pagan a los Centros de Inspección por este trabajo”, agregó.
El CUD expuso que las funciones impuestas tienen el efecto de incrementar de forma significativa los costos operacionales de estas entidades así como el uso de sus empleados para cobrar una prima privativa, y en lucro exclusivo de una empresa privada.
El recurso fue presentado a raíz de una comunicación del Departamento de Hacienda a los Centros de Inspección informando de la aplicabilidad inmediata del mencionado reglamento el cual impone, entre otras responsabilidades, el pago de una fianza de 30 mil dólares a favor de ASC, de los cuales 4 mil son en efectivo. Esto incrementa el costo de fianza para cientos de pequeños empresarios a 60 mil.
Monge concluyó destacando que resulta irrazonable que el gobierno obligue a todo un sector empresarial a dar acceso a sus cuentas bancarias privadas, así como a llevar a cabo una labores y responsabilidades, que conllevan gastos operacionales, el uso de sus facilidades y empleados, en beneficio de una entidad privada en particular, sin mediar el aval de este sector y sin una remuneración adecuada.