Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN- El secretario General del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Aponte Hernández, denunció hoy que el alcalde de Arroyo, Eric Bachier Román, ha instituido un régimen de discrimen y persecución contra empleados afiliados al movimiento estadista, que supuestamente incluye reducción de salarios sin motivo y despidos injustificados.
“Este es otro ejemplo más del gobierno inexperto y abusivo de Alejandro García Padilla y el Partido Popular. No vamos a permitir la persecución política en ninguna parte. Así que el Alcalde de Arroyo tiene que entender el mensaje. Exigimos que se restituya inmediatamente en sus puestos a estos empleados que fueron cesanteados injustamente solamente por creer en la estadidad”, sostuvo el líder estadista en un comunicado de prensa.
Según el legislador, las acciones del Ejecutivo Municipal llevaron a que un grupo de 30 empleados radicaran una demanda millonaria contra este funcionario del Partido Popular Democrático (PPD) en el Tribunal Federal.
El Secretario de la Palma detalló que, según se desprende de la demanda, los exempleados alegaron, entre otras cosas, haber sido despedidos por el actual Alcalde popular sin ninguna justificación, al igual que en algunas instancias haber sido sometidos a reducciones en salarios. También reclaman que el alcalde nombró a personas del Partido Popular para ocupar sus puestos quitándole así sus funciones en ley.
“En el PNP hemos sido claros. Nuestro presidente Pedro Pierluisi ha expresado todo el apoyo a los novoprogresistas que están siendo discriminados. Que quede claro para el equipo inexperto que nosotros estamos en pie de lucha para defender a nuestra gente”, dijo el también expresidente cameral.
Aponte Hernández indicó que esta es la primera demanda por discrimen político contra Bachier Román. En el recurso se demanda además, en su carácter oficial y personal, no solo al alcalde de Arroyo, sino también a la Directora de Recursos Humanos del Municipio, al Director de Obras Publicas Municipal, Director de Manejo de Emergencias, Directora de Programas Federales y el Director de Sección 8.
Explicó que la reclamación es de $30 millones, pues los 30 demandantes exigen el pago de $1 millón a cada uno en compensación por daños y $500 mil adicionales por violaciones a sus derechos civiles y acciones maliciosas en su contra.