Demandas millonarias por presunta persecución política

02/18/2014

Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN- El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Aponte Hernández, denunció hoy una campaña de persecución, discrimen político y violación de derechos civiles por parte del alcalde de Las Marías, José Javier Rodríguez, en contra de sobre 30 empleados municipales.

José Aponte Hernández (Foto/Archivo)
José Aponte Hernández
(Foto/Archivo)

Según Aponte Hernández, las acciones del ejecutivo municipal llevaron a que un grupo de 34 empleados radicaran una serie de demandas millonarias en el Tribunal Federal contra este funcionario del Partido Popular Democrático (PPD).

Indicó que en el primer recurso, los empleados de carrera Alberto Crespo Muñiz y Luis Rodríguez Aponte alegan que alcalde implementó desde que asumió control de la poltrona municipal una “campaña de persecución política” en contra de ambos que incluyó la eliminación de funciones y deberes, así como negarles el uso de equipo y sistemas necesarios para realizar tareas asignadas.

Además detalló que los demandantes alegan que la Directora de Recursos Humanos municipal, Yadira Almodóvar González, es parte activa del esquema, cambiando disposiciones de puestos para así perpetrar el discrimen. El dúo solicitó al Tribunal una compensación conjunta por sus agravios de $3 millones.

Por otro lado, señaló que el segundo pleito federal en contra de la administración de Rodríguez fue radicado inicialmente por un grupo de 22 empleados transitorios despedidos injustificadamente por el alcalde popular en enero de 2013. Este pasado enero, otros 12 trabajadores destituidos por razones político-partidistas se unieron a la demanda por discrimen.

“Hoy se evidencia una vez más, la mediocridad administrativa de los defensores del status quo. Como ellos no creen en la constitución federal, entienden que pueden obviar la protección en contra del discrimen. Hoy les decimos que estas actuaciones no van a pasar por alto”, dijo el líder estadista.

El Secretario de la Palma destacó que según se desprende de la demanda, los empelados cesanteados imputan que la administración de Rodríguez decidió el no renovar las designaciones a sus puestos por razones simplemente políticas, debido a que estos son votantes del PNP en Las Marías.

Todos estos empleados transitorios habían laborado en el municipio por espacio de entre tres y 14 años, según Aponte Hernández.