SAN JUAN – El presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), Ariel Torres Meléndez, manifestó el lunes, su preocupación por los supuestos atrasos en las funciones que realiza el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) con el manejo de las armas de fuego legalmente poseídas y que están bajo su custodia.

Sostuvo que, según los expertos en balística, el laboratorio de balística del Instituto en Río Piedras recibe a diario unas 100 piezas de evidencia para analizar que incluyen casquillos, proyectiles y armas de fuego, pero lamentablemente, la división del ICF que analiza la evidencia de los crímenes en Puerto Rico enfrenta una crisis de personal que les imposibilita salir del estancamiento de casos.

“Hay casos donde la ocupación del arma era totalmente innecesaria por los elementos vistos en a escena. La preocupación es que no devuelven la propiedad, en directa violación a los derechos constitucionales que tienen los ciudadanos a tener y portar armas de fuego, y el uso y disfrute de su propiedad”, afirmó Torres Meléndez en declaraciones escritas.

El presidente de CODEPOLA puntualizó que el ICF debe establecer unos protocolos, atemperados al derecho constitucional vigente relacionado a las armas de fuego.

Torres Meléndez afirmó que “este es un reclamo general de los poseedores de armas de fuego que fueron utilizadas en situaciones de legítima defensa; o que le fueron hurtadas y recuperadas, o cualquier otra situación que la Policía haya tenido motivos fundados para ocuparlas y ordenó las correspondientes pruebas forenses y de balística, dejando al ciudadano desarmado por meses o años”.

Explicó que “cuando un ciudadano va a la Policía reclamando su arma le contestan que está en poder del ICF, pero cuando el propietario va a forense le contestan que no le pueden dar información, a veces les dicen que las tiene la policía, y en el peor de los escenarios, le contestan que tiene que ser el agente que las entregó al ICF quien haga los trámites, pero ya se retiró de las fuerzas policiales. En este asunto, no existe uniformidad, ni un recibo que indique realmente que entidad tiene el arma del ciudadano bajo custodia”.

Actualmente, el recurso más efectivo, pero oneroso que tiene un ciudadano para recuperar sus armas obtenidas y registradas legalmente en Puerto Rico, es acudiendo a los tribunales.

Datos en el portal del ICF especifican que, desde agosto del año 2012, Ponce contaba con un laboratorio propio de balística, donde peritos comparaban proyectiles y casquillos de armas de fuego, evaluaban armas mutiladas y disparos accidentales, entre otras comparaciones. Según la información, este laboratorio fue el primero a nivel regional, creado en 1968 para cubrir las regiones Sur y Oeste -desde Aguadilla hasta Patillas.

En enero del 2014, el ICF admitió que tenían más de 22,000 casos atrasados espera de análisis de evidencia, como son las muestras de ADN y los estudios de balística, que son esenciales para el esclarecimiento de miles de querellas criminales acumuladas a través de décadas, pero aseguraron a los medios que se encontraban trabajando conforme a las solicitudes de los fiscales y de los tribunales.

Sin embargo, los atrasos en las investigaciones por asesinatos, tropiezos en la radicación de cargos criminales hasta inconsolables familias en la espera del cadáver de un ser querido para su debido sepelio, se recrudecieron el 1 de septiembre de 2017 a raíz del cierre de la unidad regional del Instituto de Ciencias Forenses en Ponce, y posteriormente, el taponamiento de casos tras el paso del huracán María.

La Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA) se dedica a defender al ciudadano que legítimamente tiene licencia de armas en cualquier situación legal que con sus armas se exponga. Sabemos que, en Puerto Rico, el derecho lo ven como un privilegio y se hizo necesario tener un servicio legal con los abogados especializados en la Ley de Armas de Puerto Rico (Ley 404) o cualquier ley prospectiva que se relacione con la tenencia legítima de armas de fuego en el país.