SAN JUAN – El representante Héctor Torres Calderón denunció el domingo que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y el Departamento de Hacienda (DH), supuestamente ejecutan un aparente esquema, mediante el que le están cobrando por multas y recargos inaplicables a miles de conductores en Puerto Rico.
“Las multas a los vehículos de motor son precisamente eso, multas al vehículo, no al individuo. La ley es clara y establece que esas multas, aún cuando se le traspasen a la licencia del último dueño del vehículo, tienen que borrarse a los 18 meses, y no acumulan recargos. Esto que están haciendo el DTOP y el Departamento de Hacienda es un ataque directo al bolsillo de nuestra gente, por lo que tiene que investigarse y adjudicar responsabilidades”, advirtió el representante en un comunicado.
Anunció la radicación de un Resolución de la Cámara para que se investigue lo que catalogó como “un ataque al bolsillo de los puertorriqueños”.
“Cuando una persona entrega, vende, o devuelve tras haber rentado un vehículo de motor, las multas que se le hayan gravado a la unidad, son transferidas a la licencia de conducir de su último dueño registral. Esto incluye multas por estacionamiento y AutoExpreso, entre otros renglones. Así lo dispone la ley. Sin embargo, esa misma ley dispone que tales multas, por haber sido aplicadas al vehículo, tienen unas características diferentes a las que se le aplican a la licencia de conducir del individuo”, añadió.
Detalló que las multas a los vehículos no acumulan recargos, mientras que las de conducir sí acumulan, luego de 30 días de emitido el boleto, si el mismo no ha sido pagado. De igual forma, las multas a los vehículos se tienen que borrar automáticamente después de cumplir 18 meses y los dueños registrales ni siquiera tienen que mostrar evidencia de pago para que se les eliminen.
“Sin embargo, según hemos corroborado con personas afectadas y empleados del propio DTOP, lo que está haciendo esa agencia y el Departamento de Hacienda, es que cuando una persona vende, entrega o se le re-posee una unidad, le traspasan las multas del vehículo a sus licencias de conducir, y les aplican los recargos como si hubiesen sido multas al individuo. En adición a esta movida, toman multas que se supone se hayan borrado a los 18 meses, y se las dejan en las licencias de conducir, obligando a los conductores a pagarlas cuando van a hacer las renovaciones, por lo que se vienen a percatar de las mismas hasta 6 años después de que se las transfirieron”, añadió Torres Calderón.
El legislador novoprogresista también exhortó a los conductores a que estén muy atentos a sus multas, antes de ir a acogerse a los beneficios de la amnistía, para que puedan reclamar por los recargos a multas que fueron emitidas a sus vehículos, y aquellas que, por igual concepto, continúan en sus licencias, a pesar de tener más de 18 meses de expedidas.
Por otra parte, Torres Calderón denunció que en la Autoridad de Carreteras (ACT) supuestamente están abriendo nuevas convocatorias para “atornillar a los amigos del alma, antes de que se materialice el cambio de gobierno”.
“Es inaceptable que, a sabiendas de que el Gobierno está en quiebra, y que el reclutamiento de más empleados innecesarios provocaría un caos dramático en Puerto Rico, esta Administración continúe abriendo convocatorias en un sinnúmero de agencias, incluyendo la Autoridad de Carreteras y Transportación. Inclusive, algunas de estas convocatorias son para puestos que, según la escala salarial de estos, resultarán en sueldos de 4,513 a 8,543 dólares. Esto es un escándalo. No había puestos para operar y nos impusieron dos cruditas. Ahora sabemos que querían el dinero para acomodar batatas”, señaló.