Por: Redacción Presencia
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EL CAPITOLIO- La senadora independentista, María de Lourdes Santiago Negrón, con el respaldo de líderes de la Unión Laboral de Enfermeros y Empleados de la Salud (ULEES), y un nutrido grupo de enfermeras y enfermeros, anunció hoy la radicación de la Resolución del Senado 869 para investigar los reclamos contra el Departamento de Corrección y Correctional Health Services Corporation, actual administradora del Programa de Salud Correccional.
Según la legisladora, la radiación de la resolución responde a alegadas violaciones a los derechos del personal de enfermería y la inadecuacidad de un sistema de reclasificación que permita cumplir con las disposiciones de Ley 28- 2005, la cual establece escalas salariales con aumentos escalonados a los profesionales de la enfermería en las instalaciones de salud públicas.
“Las enfermeras y enfermeros de Puerto Rico han luchado por mejores condiciones de trabajo y justicia salarial por más de 30 años. El proceso de aprobación del reglamento para hacer valer la Ley 28-2005 fue prolongado y tortuoso, y aún luego de su puesta en vigor los y las enfermeras tienen que enfrentar esquemas como el de Correctional Health Services para burlar la ley”, indicó la senadora en una comunicación escrita.
La legisladora indicó que la ULEES ha señalado que la privatizadora no cuenta con un sistema de reclasificación que permita el avance de las y los enfermeros, de suerte que aquellos que continúan estudios y obtienen su grado son obligados a continuar con el mismo puesto y salario. De la misma manera, han señalado condiciones inadecuadas de trabajo, como problemas de higiene y de disponibilidad de equipo, lo que contrasta con los salarios y privilegios de los directivos de la privatizadora.
La portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) recordó que el interés legislativo por hacerle justicia salarial a este sector se remonta al cuatrienio 2001-2004 cuando la Asamblea Legislativa logró aprobar un proyecto, originado por el PIP, con la coautoría del entonces senador del PIP, Fernando Martín, que fue posteriormente vetado por la exgobernadora Sila Calderón.
Finalmente, la Ley Número 28 del año 2005, promovida tripartitamente, creó escalas saláriales nuevas para el personal de enfermería en el servicio público.
“Durante años se ha adjudicado el éxodo de enfermeras a otras profesiones o al exterior a las pésimas condiciones de trabajo en las y los modestos salarios que se les ofrecen en Puerto Rico. Con esta resolución solicitamos que el Senado asuma su parte investigando la participación de entidades gubernamentales en un esquema que en última instancia perjudicará la provisión de servicios de salud a todo el País. Por años la ULEES ha llevado este reclamo a Corrección, a Salud, a La Fortaleza y nadie les ha escuchado”, concluyó.