SAN JUAN – Una línea de crédito de 30 millones dólares, del Banco Popular, será utilizada para habilitar alrededor de 3,584 unidades de vivienda en función de las necesidades de las personas discapacitadas en los residenciales públicos de Puerto Rico, anunció el martes, el secretario del Departamento de la Vivienda (DV), Fernando Gil Enseñat.

“El entorno físico y social no debe sumar mayores impedimentos a una persona discapacitada, que de entrada ya tiene unas limitaciones. Todo lo contrario, la vivienda debe cumplir a cabalidad con todas las necesidades y prioridades de los residentes, tal y como lo dispone la Ley ADA, en su sección 504”, aseguró el Secretario del DV en declaraciones escritas, luego de firmar la línea de crédito que podría alcanzar hasta 51 millones de dólares.

Según explicó el también presidente de la Junta de Gobierno de la Administración de Vivienda Pública (AVP), la aprobación de la línea de crédito por parte de la Junta de Control Fiscal (JCF), del DV y del Departamento de Desarrollo Urbano Federal (HUD), se concretó a mediados de febrero y tiene como colateral dinero de fondos federales que estaban en la banca privada y que fueron liberados del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

“Con esta firma el DV y la AVP iniciará próximamente su plan para realizar las mejoras y modificaciones a las unidades de vivienda pública para estar en cumplimiento con la Ley ADA, que le exige tener el dos por cento de las unidades habilitadas para personas con problemas sensoriales y el cinco por ciento de accesibilidad”, mencionó el funcionario.

El Titular evalúa la contratación de una firma especialista en las disposiciones de la Ley ADA que trabajaría en los diseños y mejoras de las viviendas.