Jaime Torres Torres
Para Presencia
Con la junta federal de control fiscal a la vuelta de la esquina y la posposición del IVA (Impuesto del Valor Añadido), el panorama financiero de Puerto Rico se complica con el regreso de Frankenstein o la ‘resucitación’ de la Reforma Contributiva.
Los expertos anticipan que, sencillamente, el Gobierno del Estado Libre Asociado y el Banco Gubernamental de Fomento serán incapaces de honrar las obligaciones constitucionales con sus acreedores.
Sin que parezca real el ‘salvavidas’ del capítulo de la quiebra federal, en medio de la bancarrota -que en el caso de la educación especial ya revela vestigios de una crisis humanitaria y que en mayo podría detonar en el cierre de agencias públicas- el gobernador Alejandro García Padilla ha intentado revivir su reforma contributiva, pero con la objeción de reconocidos economistas y de correligionarios, como su sucesor en la presidencia del Partido Popular Democrático y candidato a la gobernación, David Bernier.
Sin embargo, en la Cámara de Representantes, el presidente de la Comisión de Hacienda de este cuerpo, Rafael ‘Tatito’ Hernández, ha invertido dinero y tiempo en la formulación de enmiendas al proyecto de la Ley 72, esgrimiendo, sobre todo, el argumento de su lealtad a García Padilla, cuando la realidad es que el presidente del partido es Bernier, quien -con dejos de ambigüedad y la superficialidad de las afirmaciones a medias que ya matizan sus declaraciones a la Prensa- dijo a este periodista que las prioridades deben ser otras en este año de primarias y elecciones.
“No es el momento adecuado. No se debe atender el proyecto en el periodo preelectoral. La reorganización de la deuda debe ser el esfuerzo de todos”, sostuvo Bernier.
Conscientes de lo devastador que sería para una economía en picada implantar el IVA a partir de abril, que se estima subiría a un 14.5%, con el impacto cuasi mortal que acarrearía para el comercio, incluso para las emisoras y los periódicos regionales por el cobro del llamado B2B (aumento en el impuesto por los servicios entre suplidores), que incluye los costos por ventas de anuncios e impresión, el secretario de Hacienda Juan Zaragoza pospuso su aplicación para junio.
Mientras, en su reciente mensaje al País (el último de su administración) el gobernador Alejandro García Padilla insiste en “liberar” de la radicación de planillas sobre ingresos a los contribuyentes que ganan $40 mil o menos al año y a las parejas con ingresos de $80 mil o menos.
Reaccionan los economistas
El experimentado economista Gustavo Vélez señaló que no hay garantías de que, una vez aumente el IVA, eventualmente no se registren nuevos aumentos. “Es en ese sentido que los economistas hemos sido consistentes en nuestra oposición. En el 2018 se podría hablar de un IVA del 17 o 18%. No hay garantías de que el IVA no siga subiendo”.
A preguntas de este medio, sostuvo que si se elimina la contribución sobre ingresos a los individuos y parejas que, respectivamente, ganan $40 mil u $80 mil o menos al año, parte del universo de contribuyentes que se estima ronda en un 85% de la clase asalariada, al restante 15% le resultaría demasiado pesada la carga de sostener al País sobre sus hombros.
“Hay que recordar que la gente se está yendo de Puerto Rico. Lo que debemos hacer es un compromiso para que a todo el mundo se le eliminen las contribuciones, pero para compensar el gobierno tendría que reducir sus gastos y tamaño”, indicó Vélez al lamentar que se haya politizado el asunto de la reforma contributiva.
“Estamos en año de elecciones y esto requiere tranquilidad en los análisis, sin ánimos caldeados en la Legislatura. Lo que han planteado David Bernier y los precandidatos del PNP (Pedro Pierluisi y Ricky Rosselló) es que esto se haga de forma sosegada y no a la fuerza. No se puede hacer algo a la carrera (el proyecto de la reforma contributiva) para que termines con un Frankenstein. Nada a la carrera sale bien”.
¿IVA o dinero en el bolsillo?
La reforma contributiva revivida por el gobernador Alejandro García Padilla, promovida con la atractiva propuesta de eliminar las contribuciones a un gran sector de la población, podría redundar –ante la eventualidad de su reformulación- en que los consumidores tengan más dinero en sus bolsillos, lo que podría reactivar la economía.
Así lo manifestó a Presencia el economista y catedrático del Recinto de Humacao de la Universidad de Puerto Rico, Dr. Luis Rafael Rodríguez.
Sin embargo, Rodríguez tiene serias dudas sobre la capacidad del Departamento de Hacienda para obtener los recaudos por concepto del impuesto por el valor añadido (IVA).
“Hacienda no ha podido lograr eficiencia en el recaudo del IVU y no veo cómo lo hará con el IVA. El Estado va a tener menos ingresos, pues ya no contaría con el recaudo del mercado laboral”, dijo Rodríguez en alusión a la deducción del 7% del salario semanal o quincenal de cada trabajador que los patronos remiten a Hacienda.
La eliminación de las contribuciones sobre ingresos, a juicio de Rodríguez, podría ser una estrategia, políticamente hablando, favorecedora para la administración de García Padilla, pero en año electoral, con solo una sesión ordinaria en calendario, no parece real.
“Políticamente podría ser bueno si el alivio es real para el consumidor, pero dudo que el Estado reciba los ingresos por concepto del IVA. Lo cierto es que tendría menos recaudos”.
Recordó que con el reciente aumento del impuesto de ventas y uso (IVU) del 7 al 11.5% las ventas bajaron dramáticamente en el trimestre de octubre a diciembre, temporada que se caracteriza por su efervescente actividad comercial.
“El efecto de un IVA del 14.5 % se va a sentir en la actividad de consumo”, afirmó Rodríguez.
Además, en el limbo en que se encuentra la bancarrota del ELA y ante la eventualidad de la proyectada junta federal de control fiscal, Rodríguez alertó que el aumento del B2B que se pospuso al 1 de junio será mortal para cientos de comerciantes y empresarios.
“El impuesto a las transacciones entre negocios no solo afectará al pequeño y mediano comerciante, sino a los grandes. Aumentar impuestos incrementa costos de operaciones y, al final, el que termina pagando estos impuestos es el consumidor. Va a encarecer las operaciones y esto va a provocar que empresarios pequeños y medianos enfrenten problemas serios para seguir operando y veremos cierres de estos negocios porque sus volúmenes de venta seguirán bajando. La realidad es que el Estado lo que hace es fomentar el consumo en un momento en que la gente no está gastando”.