SAN JUAN – El representante novoprogresista, Héctor Torres Calderón, radicó dos piezas legislativas dirigidas a imponer al secretario del Departamento de Educación (DE), la responsabilidad de llevar a cabo durante la primera y última semana de clases de cada semestre del año escolar, una campaña dirigida a los estudiantes del sistema público de enseñanza sobre las medidas disponibles para reducir las oportunidades de un secuestro.
La iniciativa del legislador surge a raíz de los casos que han surgido en las últimas semanas sobre intentos de secuestro en diferentes partes de la Isla.
“El director de la Región Sur de la Policía, coronel Héctor Agosto, hizo pública una investigación de al menos dos casos de niños, entre las edades de 10 a 13 años, a los que tres hombres han acechado y, en unos de los casos, intentado llevarse por la fuerza en un vehículo, como lo acontecido en Yauco. Se sabe, además, que días antes de ese incidente se reportó otro caso en Guayanilla en el que una madre observó como unos sujetos fotografiaban a sus hijos menores desde un auto cerca de su hogar. Si bien es cierto que los casos antes descritos no han terminado en incidentes que lamentar, nos obligan a tomar aquellas medidas que sean necesarias de manera que sea posible prevenir este tipo de delito”, expresó Torres Calderón en un comunicado.
Según las medidas, el estado tiene la responsabilidad de desarrollar las estrategias que sean necesarias para atender de forma preventiva la incidencia de este delito. En el ejercicio del poder de “Parents Patriae”, el Gobierno de Puerto Rico goza del deber ineludible de proteger y velar por el mejor bienestar de esta población, ya que el secuestro de un menor resulta ser una grave amenaza para la sociedad, particularmente para la familia que es víctima de este espantoso crimen.
Igualmente las escuelas privadas serán incluidas en estos esfuerzos, porque una de las iniciativas tiene como propósito enmendar el “Plan de Reorganización del Consejo de Educación de Puerto Rico”, a fin de sujetar la renovación o expedición de licencias para operar instituciones de educación básica privadas y municipales, a que estas evidencien fehacientemente que cuentan e implantan políticas y protocolos definidos, concretos y ejecutables sobre las medidas disponibles para reducir las oportunidades de un secuestro de menores.
Según el legislador hasta el verano del 2012, las estadísticas de la Interpol presentan el dato de 902 niños recuperados desde el establecimiento de la dependencia. De acuerdo con entidad, en el período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2011, atendieron 839 querellas.
(CyberNews)