CEIBA – La contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, publicó un informe de auditoría sobre el municipio de Ceiba que “revela desviaciones de ley y de reglamentación tales como sobre sobregiros en fondos, compras de esculturas sin celebrar subastas, compras de bienes y servicios sin solicitar cotizaciones, transferencias de créditos contrarias a la ley, entre otras”.
Según la contralora, al 30 de junio de 2013, el municipio tenía un sobregiro de $828 mil en tres fondos municipales y el Informe Mensual de Ingresos y Desembolsos y el registro de transacciones del Mayor General tenía un atraso de 12 meses.
El informe cubrió el período del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014.”
“Asimismo, el alcalde (Angelo Cruz) no informó a la legislatura municipal la declaración de emergencia por el atraso en la construcción de la Clínica del Veterano que ya estaba 82% completada y para la cual había desembolsado $758,684. El alcalde canceló el contrato al contratista y decidió otorgar otros 12 contratos a ocho contratistas por $417,376 para terminar la obra. Por otro lado, y a pesar de los tiempos de crisis, de diciembre de 2013 a diciembre de 2014 el municipio compró tres esculturas de bronce por $200,750 sin la celebración de subasta”, expresó la contralora en declaraciones escritas.
El informe señala que en cinco obras de construcción por $2.3 millones, no se obtuvo de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) los permisos de construcción o mejoras, salvo en la clínica del Veterano; en 18 contratos de construcción por $2.7 millones de junio de 2011 a marzo de 2012, no se les exigió a los contratistas las fianzas para garantizar el pago a los jornaleros ni las fianzas para la ejecución de los contratos en 15 de ellos.
“El municipio pagó $213 mil por la rehabilitación de una estructura en la antigua base naval Roosevelt Roads para establecer el cuartel de la policía municipal en un terreno que no era de su propiedad. En una inspección de la estructura en abril de 2015, se evidenció que la misma fue vandalizada”, sentenció la contralora.
La auditoría menciona también que los fondos provenientes de resoluciones conjuntas de la legislatura ($450 mil) se utilizaron para propósitos no autorizados, deficiencias en las conciliaciones bancarias, y transferencias de créditos realizadas contrarias a la ley y sin las certificaciones de los sobrantes requeridos.
El informe de 17 hallazgos evidencia, además, deficiencias en la operación del Centro de Usos Múltiples Municipal; el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) operaba sin la licencia requerida; falta de fiscalización por parte de la Unidad de Auditoría Interna; y la Comisión de Asuntos de Auditoría de la Legislatura inoperante.
El informe cubrió el período del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014.