SAN JUAN – Un estudio del Institute for Energy Economics and Financial Analysis arrojó que los planes de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) implican un aumento en la tarifa del servicio para los consumidores, así como un freno a la recuperación económica de la isla.

“El plan de privatización impondrá una carga innecesaria a un costo irrazonable. De implementarse, los planes actuales para privatizar el sistema eléctrico de Puerto Rico resultarán en que para el año 2024 el precio a los consumidores será de 27 centavos/kWh. Esto es 18 por ciento más que los niveles de 2018 y 35 por ciento más que la meta de 20 centavos/kWh establecida por el plan financiero de la AEE”, señala el resumen ejecutivo del estudio.

“El sistema arriesgará futuros aumentos en los precios atados mayormente a la volatilidad de los mercados de gas natural. El resultado será un paso en retroceso para la electricidad asequible, un sistema económico no competitivo y una oportunidad perdida para maximizar la menos costosa energía renovable”, agrega el escrito.

Además, detalla que existen dos riesgos significativos que, de ocurrir, causarían daño sustancial a la AEE y Puerto Rico en general.

El primero es que el fracaso en adoptar un sistema eléctrico moderno que sea confiable, resiliente, asequible y sostenible a nivel financiero y ambiental socavará los planes de crecimiento económico de Puerto Rico. El mercado global de energía está cada vez más dependiendo en la energía renovable. La ubicación geográfica ideal de Puerto Rico para solar hace imperativo que estas tecnologías energéticas alcancen un grado mayor de penetración en el mercado.

Como segundo aspecto se menciona que el actual arreglo de privatización tiene un gran riesgo de provocar otra ronda de defalco. La economía de Puerto Rico no puede sostener pagar su deuda heredada y los costos de capital de un sistema nuevo. Otra ronda de desfalcos causará que decaigan aún más las inversiones y requiere una lucha continua sobre el uso de recursos federales para cumplir las necesidades del sistema eléctrico y otras necesidades sociales y económicas de Puerto Rico.

Entretanto, el resumen del estudio señala que en recientes agrupaciones interesadas en el tema señalaron varios puntos críticos sobre la asequibilidad eléctrica. Algunos de ellos son que la AEE y la Junta de Control Fiscal (JCF) han establecido la meta a largo plazo de 20 centavos por kilovatio-hora; y que grupos de negocios han presionado para tarifas a 16 centavos/kWh para hacer a Puerto Rico más económicamente competitivo.

Otro de los aspectos que se señala es que el costo mayor al sistema son el combustible y el servicio a la deuda que deben ser reducidos sustancialmente para lograr los objetivos de asequibilidad. Además, en el resumen ejecutivo se menciona que bajo las condiciones actuales, las tarifas eléctricas probablemente aumenten a casi 30 centavos por kWh, según el Plan Fiscal de la AEE certificado por JCF, de saldar totalmente la deuda heredada.

Por otro lado, menciona que la AEE ha fallado en dar prioridad a la energía renovable y hacer inversiones en eficiencia energética que ayuden a bajar los costos, según hallazgos del Negociado de Energía de Puerto Rico, la JCF y organizaciones de negocios y laborales. El Senado aprobó un proyecto que llama a un 100 por ciento de energía renovable para el 2050, pero la AEE no tiene un plan para cumplir esa meta.

“De ser implementado, el actual y continuamente cambiante marco de privatización de la AEE no logrará ninguno de los objetivos de asequibilidad articulados por las entidades gubernamentales y las partes interesadas. En su lugar, resultará en un sistema que es más caro, menos responsable y plagado de incertidumbre para cualquier inversionista”, agrega el documento.

Asimismo, el estudio concluyó que como fueron diseñados, los proyectos de privatización probablemente recibirán aprobación fuera del Plan Integrado de Recursos (PIR) de Puerto Rico, una práctica que solo socava aún más la falta de planificación y controles y la continua dependencia en procesos políticos para asignar grandes contratos gubernamentales con implicaciones significativas de salud y seguridad para el público.

Por último, se menciona que el modelo de IEEFA para un sistema futuro utiliza las siguientes suposiciones conservadoras que están mayormente basadas en declaraciones de funcionarios públicos de Puerto Rico y la evolución de leyes y reglamentos sobre la privatización: para 2024, la generación consistirá en 67 por ciento de gas natural, 13 por ciento de carbón y 20 por ciento de energía renovable.