Estudio sobre Recursos Humanos en el Gobierno no está acorde con los tiempos

06 May

Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN – Las profesoras, Yolanda Cordero Nieves y Alba Caballero Fuentes de la Universidad de Puerto Rico presentaron hoy  la conclusión de su investigación comisionada por el presidente de la Cámara de Representantes Jaime Perelló sobre clasificación, retribución y reclutamiento del Gobierno de Puerto Rico.

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Foto por CyberNews

El mismo concluye que se puede establecer una retribución uniforme, actualizar los planes de reclasificación de personal, restablecer el formato de exámenes para los asensos y que en las negociaciones de convenios colectivos particípela Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), entre otras cosas.

“Esta restructuración de Gobierno no puede ser porque hay un problema fiscal”, dijo Perelló en referencia a que por los últimos años los cambios en el servicio público se han hecho para corregir deficiencias fiscales y no para mejorar el servicio público.

Según Perelló, dicho Plan se fundamenta en los pilares de la búsqueda de soluciones a los problemas que impiden dar el mejor servicio a los ciudadanos, una gerencia pública guiada por el principio del mérito, el establecimiento de estructuras gubernamentales eficaces y la modernización de los procesos.

El líder cameral encomendó al Centro de Estudios Multidisciplinarios sobre Gobierno y Asuntos Públicos (CEMGAP) de la Universidad de Puerto Rico, a principios del año 2014, un estudio para identificar las oportunidades de aumentar la productividad gubernamental a través de mejoras en las áreas de clasificación, retribución y reclutamiento. La investigación debía contemplar un análisis en relación con la estructura gubernamental, un Plan de País, el uso de la tecnología y la importancia de los recursos humanos del Gobierno de Puerto Rico.

Durante la presentación de los resultados de la investigación, la doctora Yolanda Cordero Nieves y la licenciada Alba Caballero Fuentes, investigadores principales del estudio y representantes de CEMGAP, recomendaron la separación de las funciones técnicas y especializadas de la función protectora del mérito. En el estudio, donde se utilizó una muestra de 19 agencias y corporaciones públicas, se concluyó que la competencia abierta por los puestos públicos y los instrumentos para la selección de los empleados son elementos necesarios para que exista un sistema de mérito.