SAN JUAN – Los representantes Manuel Natal, Luis Vega Ramos y Luis Raúl Torres Cruz emplazaron el jueves, al gobernador Ricardo Rosselló Nevares a rendir cuentas por los supuestos conflictos éticos de su exrepresentante ante la Junta de Control Fiscal (JCF), licenciado Elías Sánchez Sifonte.
Los legisladores de la Pava presentaron nuevamente un proyecto que, de ser convertido el ley, daría paso a la aplicación de las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico a todos los miembros de la Junta de Control Fiscal.
Para el representante Manuel Natal Albelo, el nombramiento del licenciado Sánchez Sifonte por el gobernador Ricardo Rosselló fue uno plagado de conflictos éticos desde sus comienzos. “Durante siete meses Elías Sánchez ocupó un cargo público a través del cual pudo haber beneficiado a sus clientes privados. Desde el primer día, señalé la relación contractual de Sánchez con el bufete Wolf Popper, quien ha servido de cabildero para distintos grupos de bonistas”, señaló el legislador en conferencia de prensa.
Por su parte, el representante Luis Raúl Torres Cruz llamó la atención a lo que considera el juego de “pitcher y catcher” entre la administración de Ricardo Rosselló y la Junta de Control Fiscal, al señalar que el propio Elías Sánchez ha expresado que todas las medidas implementadas por el organismo supervisor han sido parte del programa de Gobierno del PNP.
“Durante su incumbencia como representante del Gobernador ante la Junta de Control Fiscal, el licenciado Sánchez Sifonte admitió ser parte de un esquema conflictivo al expresar que las medidas aprobadas por la Junta, eran parte del Plan para Puerto Rico. Mientras abandona el barco, Elías Sánchez desenmascara a Ricardo Rosselló y lo hace responsable de todas los sacrificios adicionales que le han pedido al Pueblo de Puerto Rico durante los pasados seis meses”, sentenció Torres Cruz.
Mientras tanto el representante Luis Vega Ramos sostuvo que aunque el licenciado Sánchez Sifonte haya renunciado a su posición, no cesa la obligación de rendir cuentas sobre los asuntos éticos de su desempeño.
“Ahora se hace más urgente que se divulgue todo aspecto profesional del licenciado Sánchez Sifonte. Precisamente ahora que ‘regresa’ al sector privado es que se hace importante que someta su información y que se ajuste a los parámetros éticos que le aplican a los ex funcionarios públicos. Eso lo contempla la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico estableciendo unas prohibiciones y un sistema de dispensas. Las mismas deben aplicársele al licenciado Sánchez Sifonte y estamos radicando legislación para eso. Igualmente radicaremos unas resoluciones para que la Asamblea Legislativa le requiera al licenciado Sánchez Sifonte que entregue toda información sobre su situación ética y no debe descartarse el citarlo a vista pública”, señaló Vega Ramos.
Vega Ramos criticó, además, que los miembros de la Junta de Control Fiscal “no han sido enteramente transparentes con sus divulgaciones éticas”, a pesar de que sufragan sus gastos con fondos provenientes del erario de los puertorriqueños.
“Estamos frente a un escenario de libertinaje en el uso de los recursos públicos del Pueblo de Puerto Rico, en el que los miembros de la Junta de Control Fiscal utilizan fondos públicos, tienen acceso a información privilegiada y no divulgan adecuadamente los detalles de sus negocios privados. Si los gastos de la Junta de Control Fiscal son sufragados con dinero del fondo general, entonces la Ley de Ética Gubernamental debe ser aplicada a sus miembros, como a cualquier otro servidor o servidora pública”, concluyó.