Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN- Miembros del Movimiento Amplio de Mujeres (MAMPR) de Puerto Rico denunciaron hoy que la Cámara de Representantes considera una medida de la representante, Milagros Charbonier, que atenta contra los derechos reproductivos de las mujeres y contra la separación de Iglesia y Estado reconocida en Puerto Rico.
Indicaron que la medida sometida para reconocer el 25 de marzo como el “Día del no Nacido” fue radicada en enero del presente año y se encuentra actualmente en la Comisión de Gobierno.
“El Código Civil de Puerto Rico indica en su Artículo 24 que una persona en Puerto Rico adquiere reconocimiento legal y derechos civiles al momento del nacimiento; no antes”, recalcó Nirvana González Rosa, integrante de la entidad que agrupa a colectivos y personas feministas en Puerto Rico.
De otra parte, señalaron que con esta legislación, que parece inofensiva, pretenden ir creando las condiciones para limitar el derecho al aborto legal y seguro que tenemos las mujeres en Puerto Rico.
“El aborto es legal y es decisión de la mujer. El hecho de que actualmente el aborto solo se tipifique en nuestro Código Penal como crimen cuando una persona provoca un aborto en contra de la voluntad de la mujer embarazada, deja claro que bajo nuestro estado de ley, la voluntad y la salud de la mujer es reconocida por encima de cualquier otro factor que pueda influir durante el periodo del embarazo”, añadió Alana Feldman Soler, coordinadora General de Taller Salud, organización integrante del MAMPR.
Agregó que, por encima del estado de derecho en Puerto Rico, prevalece la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, con el caso de Roe vs. Wade, que permite que una mujer decida terminar su embarazo cuando ella lo estime necesario, en respeto a su derecho constitucional a la intimidad.
Detallaron que la Representante propone la fecha del 25 de marzo para el día conmemorativo “por ser el día en que recordamos la concepción inmaculada del Hijo de Dios, cuyo nacimiento se produciría nueve meses después”.
Las portavoces del movimiento le recordaron a funcionarios del gobierno que la Constitución de Puerto Rico establece que el Estado es uno laico que no fomentará o beneficiará una creencia religiosa por encima de otras ni tampoco perseguirá o afectará a la ciudadanía por tener creencias particulares.
“Esta medida oficializa una creencia religiosa y moral particular en detrimento de los derechos de las muchas otras personas en Puerto Rico que tienen otras creencias personales”, finalizó González Rosa.