Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN- El presidente de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRTPR), Javier Rúa Jovet, y el superintendente de la Policía, José Caldero López, firmaron hoy un acuerdo de entendimiento, con el propósito de fortalecer los esfuerzos contra el hurto de metales en el País.
“Luego de varias reuniones con el coronel José Caldero, hemos tomado la iniciativa de firmar este acuerdo de entendimiento para hacer constar nuestro apoyo institucional a la importante gestión de la uniformada en este tema”, expresó Rúa Jovet en comunicado de prensa.
“De igual forma, hacemos constar nuestro compromiso con la ciudadanía y con el sector regulado hasta donde sea posible, para el restablecimiento y reparación del servicio de telecomunicaciones que haya sido interrumpido a consecuencia del hurto de cobre”, añadió.
Explicó que el acuerdo de entendimiento entre la Junta Reglamentadora de Teleconunicaciones y la Policía forma parte de la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para garantizar que las interrupciones de servicios que sean inevitables se corrijan con la mayor rapidez posible.
Además, expone que a través de la Ley 41, según enmendada, se establece la responsabilidad primaria de la Policía de Puerto Rico de combatir el hurto de cobre mediante las visitas, inspecciones y revisión de los informes semanales requeridos por esta Ley.
“El cobre es un metal utilizado en los cables que suministran energía eléctrica y en los servicios de telecomunicaciones esenciales a la ciudadanía, entre otros usos. Dado sus innumerables usos, y debido al alza en la demanda mundial de este metal, el precio del mismo ha aumentado sustancialmente. Este aumento ha provocado a su vez que en Puerto Rico haya un aumento vertiginoso en el hurto del metal trayendo consigo unos costos elevados y sustanciales que resultan sumamente onerosos para el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo los Municipios, las corporaciones públicas y la empresa privada en general”, sentenció.
La Ley 41 de 3 de junio de 1982 dispone, en términos generales, que toda persona dedicada, parcial o totalmente, al negocio de compraventa, permuta, depósito, recogido, almacenaje, transporte, distribución de metales deberá llevar un registro con información específica sobre identidad, fechas, descripción, detalle y precios de su negocio. Esta información, está sujeta a inspección por personal de la Policía.