SAN JUAN – Luego de que los senadores del Partido Nuevo Progresista en una votación 15 a 5 determinaran no darle paso a la derogación de la Ley 80  de 1976 sobre la indemnización por despido sin justa causa, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares arremetió desde Nueva York contra el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.  

“Puerto Rico acaba de ver cómo se hace política y no cómo se debe hacer un Gobierno de futuro en momentos de retos y dificultad, con esta decisión lamentable del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Seguiremos el camino del cambio y transformación que hemos forjado.  Sin embargo, este era el momento de unirnos y juntos lograr salir del pasado vergonzoso que heredamos.  Optó por obstaculizar, optó por seguir las mañas del pasado que nos han metido en esta situación. 

El presidente del Senado escogió un paso que nos aleja de encaminarnos a salir de este atolladero que nos legaron y que ya habíamos comenzado a disipar.

Durante las pasadas semanas, estuvimos realizando un arduo esfuerzo por salvar los beneficios del Bono de Navidad, licencias por días de enfermedad y vacaciones para los trabajadores del sector público y privado; además de lograr importantes asignaciones para los Gobiernos municipales.  En ese esfuerzo, contamos con la decidida colaboración del presidente de la Cámara de Representantes y de la mayoría de la delegación de mayoría en ese cuerpo.  

Además, reconozco la ayuda de Miguel Romero, Abel Nazario, Nelson Cruz, Margarita Nolasco e Itzamar Peña que, a pesar de las presiones, trataron de evitar los males que hoy enfrentamos.  

En este proceso también participaron la gran mayoría de los alcaldes de nuestro partido que conscientes de todo lo que estaba en riesgo para Puerto Rico, se unieron a nuestros esfuerzos.  

Lamentablemente, hoy el presidente del Senado, en un acto adicional en contra de nuestros esfuerzos en beneficio de la mayoría del Pueblo, logró lo que siempre quiso.  

El incumplimiento del acuerdo logrado con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dificulta nuestra defensa de las pensiones, además de crear incertidumbre de cambios en las leyes que mantendrían los beneficios del Bono de Navidad y los días por enfermedad y vacaciones en el sector privado.  

El riesgo de la pérdida de miles de millones de dólares para Puerto Rico por concepto de reestructuración de la deuda recae sobre esta acción.  De igual forma, la pérdida de millones de dólares en asignaciones para los Gobiernos municipales que habíamos logrado recae también sobre el presidente del Senado.  

Como gobernador continuaré batallando los estilos viejos del inmovilismo y realizando el mayor esfuerzo para lograr el entendimiento que facilite que Puerto Rico pueda salir adelante.  Exhorto a todos a unirse a este esfuerzo por reconstruir un mejor Puerto Rico, a pesar de los obstáculos que unos pocos crean”, dijo el gobernador en declaraciones escritas.

Se supone que la derogación de la Ley 80 era parte del acuerdo entre el gobernador y la Junta de Control Fiscal para aprobar el presupuesto del año fiscal 2018-2019. El cual incluía unos fondos adicionales para los municipios, la Universidad de Puerto Rico y La Fortaleza.