Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN – El gobernador, Alejandro García Padilla, convirtió en ley hoy, un proyecto de la autoría del senador del Partido Popular Democrático (PPD), Jorge Suárez, para beneficiar en igualdad de condiciones a las familias de escasos recursos económicos que solicitan títulos de propiedad.
Según explicó Suárez, el Departamento de la Vivienda tiene varios programas que facilitan y promueven que las familias logren ser dueños de sus hogares. No obstante, hay dos leyes que utilizan criterios de elegibilidad diferentes en cuanto al ingreso máximo y los créditos que se ofrecen para cualificar y recibir un título de propiedad por la cantidad de un dólar.
“Ambas leyes, aunque persiguen propósitos similares, utilizan criterios de elegibilidad diferentes en cuanto al ingreso máximo de las familias y los créditos que se ofrecen para cualificar, y recibir su título de propiedad por la cantidad de un dólar. Mediante, esta Ley estamos estableciendo igualdad de condiciones para que todas las familias sean evaluadas de la misma manera al momento de realizar las gestiones pertinentes para obtener la titularidad de sus terrenos”, explicó el legislador del PPD.
Mediante las Leyes Número 132 de 1 de julio de 1975, según enmendada, y la Número 35 de 14 de junio de 1969, según enmendada, se otorgan títulos de propiedad a las familias que ocupan viviendas enclavadas en terrenos ajenos, que pueden ser propiedad del Estado o de personas privadas. Mientras, el Departamento de la Vivienda asigna parcelas en usufructo a las familias que así lo solicitan para que éstas construyan sus hogares.
Asimismo, Suárez indicó que “en la actualidad, la Ley Número 132, establece como ingreso máximo para matrimonio la cantidad de 14,400 dólares anuales, mientras que el reglamento de la Ley Núm. 26, que no se revisa hace años, establece un ingreso máximo de 9,600 dólares anuales, lo que dificulta la elegibilidad de algunas familias”.
“Existen numerosas discrepancias en cuanto a los créditos que se ofrecen a las familias, por lo que entendemos es necesario que las dos leyes utilicen criterios similares al momento de evaluar a todas las familias que solicitan ser beneficiarias de sus disposiciones. De esta manera, le hacemos justicia a todos los puertorriqueños”, concluyó Suárez.