NUEVA YORK – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció el jueves, un acuerdo con un grupo de organizaciones de empleados de las corporaciones públicas en beneficio de los trabajadores y su derecho a la salud.

“El Gobierno enfrenta grandes retos fiscales y la creación de una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) creada por legislación federal. Los presupuestos certificados por la JSF para las corporaciones públicas recogen recortes en las partidas a la aportación patronal a los planes médicos”, sostuvo el primer ejecutivo en declaraciones escritas.

Rosselló Nevares añadió que “ante ello, el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortés, ha estado trabajando alternativas con varios líderes sindicales para minimizar el impacto que pueda tener en nuestros empleados de las corporaciones públicas la uniformidad de beneficios marginales con el resto de nuestros empleados”.

A esos efectos, el Gobierno ha estado en comunicación con un grupo de uniones obreras y asociaciones bona fide de empleados públicos que componen la organización sin fines de lucro Pro Salud de los Trabajadores Corp.

Ante la reducción de la aportación patronal para planes médicos en las corporaciones públicas, las organizaciones que componen Pro Salud propusieron negociar directamente con las aseguradoras un plan médico para los empleados miembros de las organizaciones laborales que componen la organización, para lograr economías de escalas.

Las uniones y organizaciones que componen Pro Salud son: la Unión Independiente Auténtica de la AAA; la Hermandad Independiente de Empleados Profesionales de la AAA; la Asociación de Empleados Gerenciales de la AAA; la Unión de Trabajadores del Banco de la Vivienda; Trabajadores Unidos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y Ramas Anexas; y la Hermandad de Empleados de Oficina, Comercio y Ramas Anexas de PR.

También dentro de Pro Salud se incluye a la Asociación de Empleados Gerenciales de la AMA; la Unión Independiente de Empleados de la ACAA; la Hermandad de Empleados Gerenciales de la ACAA; la Federación Empleados Gerenciales de la Corporación del Fondo de Seguro del Estado; la Unión Insular de Trabajadores y Construcciones Eléctricas, Inc.; la Asociación de Empleados Gerenciales de la Autoridad de Energía Eléctrica; y la Unión de Empleados del Fondo del Seguro del Estado.

Por su parte, el presidente del Comité Ejecutivo de Pro Salud, Pedro Irene Maymí, expresó que “este acuerdo es el resultado del esfuerzo realizado por las organizaciones que componen Pro Salud a favor de sus afiliados”.

Mediante la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal y como parte de las exigencias fiscales requeridas por la JSF, se requiere implementar un programa para igualar las aportaciones del Gobierno al plan médico de empleados de corporaciones públicas y los del Gobierno central.

No obstante, se reconoce que todo empleado de corporación pública o dependiente que padezca de una enfermedad catastrófica, crónica o terminal prexistente mantendrá la aportación patronal vigente para su seguro médico de manera inalterada, durante todo el tiempo que permanezca vinculado en el servicio público.

El gobernador señaló que “el movimiento sindical tiene todo el espacio para aportar y construir. Estamos confiados en que la propuesta del componente sindical de Pro Salud tiene como fin los mismos intereses de esta Administración: lograr conseguir mejores cubiertas de salud para los empleados públicos a un menor costo”.

“Por eso, en un marco de colaboración y transparencia anunciamos que llegamos a un acuerdo con estos sindicatos para otorgar a Pro Salud la autorización a fin de que puedan cotizar directamente con las aseguradoras de salud para los miembros de las uniones agrupadas bajo dicha organización”, puntualizó Rosselló Nevares.

Este acuerdo, explicó, permitirá que cerca de 10 mil trabajadores de las corporaciones públicas, de forma voluntaria, puedan estar cubiertos bajo un mismo plan de salud cotizado por medio de Pro Salud o al otorgado por medio de la Administración de Seguros de Salud (ASES), según lo escoja la matrícula sindical.

Siendo así, Pro Salud presentará el producto de su negociación a cada matrícula sindical, quienes votarán de forma separada para acoger el plan negociado por la entidad sindical o la cubierta propuesta por ASES para el resto de los empleados públicos del Gobierno central.

Con esta medida se podrá centralizar la negociación y contratación de los planes de salud para poder obtener mejores y más económicas cubiertas médicas para beneficio de todos nuestros empleados.

De igual forma, las uniones obreras y las asociaciones bona fide de las corporaciones públicas que cumplan con todos y cada uno de los criterios establecidos en las disposiciones de la Ley 43-2018, tendrán la autorización de negociar y contratar planes médicos grupales para sus miembros y sus dependientes.

Siendo así, y de forma voluntaria, estos empleados públicos podrán elegir por medio de su matrícula si participan del plan médico negociado por la unión o el que se les ofrece por ASES.

Rosselló Nevares concluyó al indicar que “esta determinación establece como prioridad la salud y el bienestar de nuestros empleados públicos”.