Por: Redacción Presencia
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LA FORTALEZA– El gobernador Alejandro García Padilla envió ayer a la Legislatura cuatro anteproyectos de ley para impulsar su política energética.
La primera de las medidas, busca enmendar la Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, para establecer como misión y mandato de la AEE el ofrecimiento de un servicio eléctrico confiable y transparente, cónsono con la protección del ambiente, basado en el costo real, sin fines de lucro, enfocado en la participación ciudadana y en sus clientes.
El proyecto dispone como requisito de ley que las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno de la AEE sean transmitidas simultáneamente por Internet y exige a la Junta de Gobierno la adopción de un Código de Ética que rija la conducta de sus miembros y de su equipo de trabajo.
También establece que la AEE debe implantar mecanismos de participación ciudadana durante el proceso para revisar las tarifas y ordena que las tarifas sean revisadas cada dos años.
El segundo anteproyecto reemplaza la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT) con la creación de la Comisión de Energía y Telecomunicaciones de Puerto Rico (CETEL) y sustituye a la Administración de Asuntos Energéticos (AAE) por la Oficina Estatal de Política Pública Energética (OEPPE), cuyo director ejecutivo será el portavoz y asesor del gobernador en todo asunto de política pública energética.
El anteproyecto también declara como principios de política pública del ELA reconocer que el servicio de energía eléctrica es un servicio esencial, por lo cual el servicio eléctrico debe proveerse siempre a un costo justo, razonable y asequible. Incluso, debe velar que las tarifas establecidas por la AEE sean razonables y no obedezcan a gastos superfluos, promover que las emisiones de deuda de la AEE obedezcan al interés público, fomentar la autonomía energética de Puerto Rico a través del desarrollo prioritario de fuentes renovables y de estrategias de conservación y eficiencia energética y minimizar el malgasto y el consumo desmesurado de energía en todas las entidades gubernamentales.
El tercer proyecto busca transferir al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) aquellas facultades de la Comisión de Servicio Público (CSP) relacionadas con la regulación de las empresas de conducción por tubería, así como con la regulación de la transmisión, distribución y entrega de gas natural por tubería.
El cuarto y último anteproyecto, busca eximir del pago de arbitrios a los carros eléctricos e híbridos ‘plug-in’, al enmendar las disposiciones de la Ley 204-2012, que provee un reembolso escalonado en la compra de este tipo de vehículos. Con la enmienda el reembolso aplicará solamente a los autos híbridos convencionales, mientras que los carros eléctricos y ‘plug-in’ serán totalmente exentos.