PONCE  – La alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez Altieri, sostuvo que el Proyecto de la Cámara 1419 para enmendar la Autoridad del Puerto de Ponce, constituye un ataque frontal a la Autonomía Municipal, mientras que el exgobernador Rafael Hernández Colón dijo la operación de la instalación debe gestarse directamente con el municipio.

“Los alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico tenemos que indignarnos ante el atropello contra la autonomía municipal que representa el Proyecto de la Cámara 1419, actualmente bajo la evaluación del Senado. Los miembros de la Legislatura que apoyan proyectos de legislación como éste, que claramente arrebatan poderes, activos y facultades a los municipios, reflejan desdén a lo que representa y significa la autonomía municipal, por la que tanto lucharon alcaldes de valía para nuestro pueblo”, sostuvo la alcaldesa en un comunicado.

Meléndez Altieri advirtió que de aprobarse el Proyecto de la Cámara 1419, que pretende enmendar la Ley 240 de 2011 bajo la cual se creó la Autoridad del Puerto de Ponce, el país será testigo, del principio del fin de la autonomía municipal.

La alcaldesa ponceña declaró que la medida, iniciativa del representante Víctor Vassallo, constituye un acto de alta traición contra el Municipio de Ponce ya que despoja a los ponceños de los derechos sobre su franquicia para operar los muelles municipales, que constituyen uno de los principales activos de la Ciudad.

Ante el atropello que representa el proyecto contra los ponceños, la Ciudad de Ponce ha iniciado un movimiento contra la pieza legislativa bajo la consigna “Ponce dice NO a la Traición y SÍ a la Solución”.

“Ponce reclama un trato justo, similar, pero no menor que el que se la ha dado a otros municipios con instalaciones portuarias. ¿Podrá Ponce esperar ese trato justo de parte de los distinguidos senadores al momento de votar por un proyecto como éste? Quisiera confiar en que todavía existe compromiso con los valores que encarna la autonomía municipal”, sostuvo la alcaldesa en carta dirigida a la Comisión de Autonomía Municipal, Descentralización y Regionalización del Senado, bajo la cual se evalúa el proyecto en ese cuerpo.

Por otro lado, el exgobernador Rafael Hernández Colón en declaraciones escritas indicó que el proyecto del Puerto de las Américas debe darse a través de un mutuo acuerdo entre el gobierno central y el Municipio de Ponce que es el dueño de las instalaciones y de la franquista del puerto.

“La imposición de criterios de forma unilateral no logrará que el puerto eche hacia adelante. El proyecto de ley presentado por Víctor Vassallo para privar al Municipio de Ponce de la autoridad sobre el puerto que hoy le confiere la ley y expropiare las instalaciones portuarias y la franquicia me confirma que mis gestiones de los pasados 10 meses para armonizar los intereses del gobierno central y el Municipio han fracasado”, expresó Hernández Colón.

El exmandatario indicó que la estructura de gobierno establecida por la ley actual fue el resultado de que por 11 años, tres administraciones del gobierno central, no lograron reclutar un operador. “Si la misma se va a modificar debe hacerse de mutuo acuerdo con el Municipio. El resultado del proyecto de Víctor Vassallo será lo que quería evitar un enfrentamiento litigioso entre ambos gobiernos que impedirá el reclutamiento de un operador y el puerto continuará inoperante durante el resto del cuatrienio”, advirtió.

Según el exgobernador, desde 1911 el Municipio de Ponce ha operado ininterrumpidamente sus muelles municipales y facilidades portuarias bajo una franquicia otorgada por el Antiguo Consejo Ejecutivo. La Ley 240 permite que la franquicia concedida al municipio pueda ser ejercida indistintamente por el Municipio, por sí mismo o a través de la Autoridad del Puerto de Ponce creada por dicha ley.

Sin embargo, explicó que el Proyecto de la Cámara 1419 quita al Municipio de Ponce el derecho de operar su franquicia portuaria y dispone que la franquicia se ejerza únicamente a través de la Autoridad del Puerto de Ponce, y obliga los activos municipales a todos los contratos, obligaciones y gravámenes que se hayan establecido sobre ellos por el gobierno central.

(CyberNews)