Habla Yulín sobre críticas por apoyo a protestas y donativos de uniones sindicales

08 Sep

SAN JUAN – La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto hizo el jueves expresiones sobre las críticas recibidas por el financiamiento de parte de su campaña política por algunos sindicatos y el apoyo a las actividades de protesta contra la Ley PROMESA.

(Foto/Suministrada)
(Foto/Suministrada)

“Hay quien pueda creer que eso no es correcto y está en su derecho. Los que objetan este tipo de participación en el proceso democrático, por parte de las uniones, demuestran su vasto desconocimiento de la ley y hasta su doble vara”, sostuvo Cruz Soto a declaraciones a los periodistas.

En lo que tiene que ver con los sindicatos, comparó su situación al apoyo que las mismas organizaciones que aportaron a su campaña hicieran con el candidato a alcalde de Toa Baja por el Partido Nuevo progresista (PNP), Betito Márquez.

“El pasado 19 de octubre del 2012, la Corte de Apelaciones para el primer Circuito de Boston, falló en favor de varias uniones y estableció el derecho de éstas, a llevar a cabo campañas independientes en Puerto Rico. Puede que eso no sea de su agrado; especialmente si usted no es de los que está recibiendo el apoyo de esas uniones; pero de eso, a adjudicarle ilegalidad al asunto, hay un salto olímpico. Si usted cree que la ley que da paso a esa decisión judicial es injusta combátala de frente, trate de cambiarla o cuestiónela judicialmente. Para conseguirlo se puede hasta unir a otros que no piensen como usted en muchas cosas pero que coincidan en estay den la lucha de frente. Ese es precisamente el principio de las alianzas por las que he regido mi vida pública: no hay que estar de acuerdo en todo para unirse en grandes luchas. Solo hay que ser capaz de ver las diferencias como un punto de partida y no como una excusa para hacer causa común.

Quedarse en el mero acto demagógico del que mucho habla, y poco hace, solo pretende esconder la verdad: que no están de acuerdo con que el Municipio de San Juan sea el primer municipio en Puerto Rico que le ha reconocido a sus trabajadores el derecho a la negociación colectiva. Pues dígalo, diga que no cree en el sindicalismo; pero no impute ilegalidad o no use algún tecnicismo para enmascarar la realidad de lo que siente. Pero si usted insiste en reclamar ilegalidad de esa campaña independiente a favor de mi candidatura, en un acto súbito de honestidad no le quedará más remedio que hacerle las mismas imputaciones al señor Betito Márquez, candidato por el Partido Nuevo Progresista a la alcaldía de Toa Baja”, dijo Cruz Soto.

En lo que concierne al apoyo a las actividades de protesta contra la Ley PROMESA, específicamente al campamento ubicado en la avenida Chardón frente al Tribunal Federal, alegó que el apoyo consiste en limpiar los baños portátiles, recoger la basura y darles hielo hecho en las facilidades municipales.

“Alguien tiene que explicarme cómo es que está bien que el gobierno gaste 2 millones de dólares al mes (un estimado de 300 millones de dólares mientras dure la junta) que es dinero que le estamos quitando en servicios a nuestros niños y niñas con educación especial, que no estamos comprando en libros para nuestros niños y niñas de escuela pública, que no podemos invertir en patrullas para mayor seguridad en las calles todo para pagar una deuda que no podemos pagar sin sacrificar el presente y futuro de nuestro país; cómo es que tenemos que pagar casi $300 millones mientras dure la Junta para que nos arrebaten nuestra democracia y nuestros derechos y está mal que el Municipio recoja la basura, limpie dos letrinas y lleve hielo que se hace en el Municipio para respetar el derecho que tienen nuestros ciudadanos de expresarse y de combatir de manera ordenada y pacífica una ley que nos quita la democracia. Quien nos da el derecho de decidir a quién si y a quien no. No señor San Juan es de todos: es de los que acuden a Clamor a Dios, es de que marchan en contra del Naled, es de los que reclaman la dignidad de la comunidad LGBTT y es de los que protestan en ese campamento de la Chardón de manera pacífica contra de una ley que ya le ha causado daño a San Juan y ya ha terminado con gran parte de la democracia en nuestro país”, señaló la alcaldesa.