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Publican hallazgos del Comité de Transición

Por: CyberNews

SAN JUAN – A partir del viernes estará disponible para evaluación pública el Informe de Transición de 2008 – 2012, documento que revela la situación fiscal y administrativa en la que se entregó el gobierno la pasada administración.

Foto / CyberNews

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“En mi mensaje inaugural les dije que ya era hora de pasar de la preocupación a la ocupación; que ya era hora de volver a redescubrir nuestro país como lo que es: una tierra de talentos, de empeños y de hazañas, con la capacidad de imaginar futuros y voluntad para traducirlos en realidades. Y en esa línea es que presento ante ustedes este documento, porque como es lógico, para comenzar el camino hacia adelante tenemos que saber primero, de dónde estamos partiendo”, expresó el gobernador Alejandro García Padilla en torno al informe.

En los 18 volúmenes que estarán disponibles en la página de internet TransicionPuertoRico.com, el país podrá conocer el detalle sobre cómo la proyección del déficit estructural  será mayor a lo previsto; una estructura gubernamental desarticulada que afectó la eficiencia del servicio público; que no hay una política pública para combatir las violaciones a los derechos civiles y la corrupción en las agencias de ley y orden; servicios sociales que carecen de políticas que los orienten ni indicadores que evidencien sus resultados y unas corporaciones públicas que se mantienen mediante líneas de crédito con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), afectando así la liquidez del banco.

Entre los hallazgos del informe se destaca el hecho de que gran parte de los 8,000 millones de dólares de fondos ARRA se utilizaron para cubrir el déficit operacional de las agencias, por lo que no tuvieron impacto alguno en la economía, mientras se gastaron 600 millones en contratos de publicidad. Además, se da constancia de que todos los índices económicos colapsaron en los pasados 4 años comenzando con la pérdida de sobre 135,000 empleos entre el 2009-2012.

Según el mandatario, la tasa de desempleo alcanzó en el 2010, su número más alto en la historia reciente con un 16.6 por ciento y la de participación laboral se colocó en 39.2 por ciento, su nivel más bajo desde que se lleva esa estadística. Durante ese periodo unos 40,000 negocios e individuos se acogieron a la ley de quiebra; la industria de la construcción se contrajo en 28.7 por ciento; mientras las reducciones artificiales al costo de energía residencial produjeron un aumento en el costo de energía comercial  de 28 por ciento y en la industrial de 48 por ciento en cuatro años.

El documento revela además que el impacto de la Ley 7 y la salida del gobierno de 30,000 empleados públicos afectó los servicios que ofrece el gobierno; al tiempo que la inestabilidad en el Departamento de Educación con cuatro secretarios en cuatro años tuvo como resultado que el 91 por ciento de las escuelas del sistema público se encuentren en planes de mejoramiento por incumplimiento en el aprovechamiento académico de nuestros estudiantes, cuando en el 2008 eran el 50 por ciento.

El informe revela que el presupuesto de gastos para este año contempla unos 775 millones de dólares de refinanciamiento de deuda y 333 millones de dólares adicionales de bonos Cofina que no ha podido realizarse. Además, al día de hoy, los ingresos presupuestados se proyectan por debajo por aproximadamente 650 millones y los gastos se proyectan por encima de lo presupuestado por aproximadamente 100 millones de dólares.

No obstante, García Padilla aseguró ya se han tomado las medidas para que al cierre del año fiscal 2013 la cifra de la insuficiencia se reduzca a aproximadamente 1,850 millones de dólares y que se consideran otras medidas para allegar ingresos adicionales al fisco y medidas de fiscalización.

Además, dijo ya se ha tomado medidas como la activación de la Guardia Nacional junto con un plan coordinado de seguridad para hacerle frente a la ola de violencia.

García Padilla planteó que también recordó que ha impartido órdenes estrictas de reducción de gastos en la Rama Ejecutiva y para poner en cintura a las corporaciones públicas.

Esta semana debe quedar aprobado el proyecto que aumenta y extiende la Ley 154 que impone un arbitrio de 4 por ciento a las corporaciones foráneas.

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