SAN JUAN – El representante y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianza Público Privadas y Energía, Víctor Parés Otero, inició el miércoles, con el análisis de la Resolución de la Cámara 734, con el objetivo de investigar el impacto y cumplimiento de la “Ley de Incentivos para la Generación y Retención de Empleos en PyMEs”.
Parés Otero, autor de la medida, expuso en comunicación escrita que, “esta Cámara de Representantes respalda el desarrollo y el fortalecimiento de nuestras PyMEs. Queremos auscultar si los incentivos legislados están causando el impacto proyectado”.
El asesor legal de Asuntos Legislativos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Gabriel Maldonado González, expuso que la agencia a cargo de cumplir con la intención de promover el bienestar y desarrollo a favor de la PyMEs es la Compañía de Comercio y Exportación (CCE). En cuanto a los programas de incentivos para la creación y retención, el Licenciado argumentó que, es la CCE la responsable de administrar dichos incentivos y certificar a las pequeñas y medianas empresas seleccionadas.
Maldonado González exhibió que, la CCE ha emitido 398 certificados a empresas elegibles con la obligación de crear nuevos empleos y conservar a los ya existentes, para un impacto de 2,689 empleos. “Aunque la CCE es la entidad que certifica la elegibilidad de las PyMEs, los incentivos y demás beneficios que provee la Ley 120 deben ser garantizados por otras dependencias estatales y municipales’”, señaló.
Por otra parte, el Funcionario destacó que dicha instrumentalidad gubernamental nunca ha recibido fondos para este programa, sino que es el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) quien ha destinado el 60 por ciento de los fondos de incentivos salariales para atender este programa de estímulo contributivos y salariales de las microempresas.
Mientras, el licenciado Rafael Lugo, gerente del Departamento de Asuntos Legales del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (BDE), sostuvo que, desde la creación de la Ley en el 2014, la entidad gubernamental ha considerado 15 solicitudes de préstamos de participantes certificados por la CCE por un valor de 1,734,662 dólares. Con relación a las solicitudes atendidas, dijo que ocho solicitudes fueron aprobadas para financiamiento, las cuales representan 704,624 dólares. Sin embargo, aclaró que finalmente solo seis fueron otorgadas, para un total de 372,200 dólares. “Con dichos financiamientos se permitió la retención de tres empleos existentes, la creación de 24 empleos directo y 54 empleos indirectos”, agregó al afirmar que dicha Ley considera varias de las necesidades que tienen los pequeños y medianos comercios en la Isla.
“La Ley 120 del 2014 constituye una herramienta valiosa para promover el desarrollo económico de Puerto Rico, específicamente en los que respecta a proveer mecanismos y asistencia a las PyMEs”, indicó Lugo al sugerir que la mencionada ley en investigación debe ser modernizada para que sea más efectiva.
Antes de finalizar la audiencia, el presidente de la Comisión argumentó, “tenemos el deber de fiscalizar que nuestro gobierno esté cumpliendo debidamente con los compromisos que legisla y que no estemos redactando leyes que el propio aparato gubernamental las esté convirtiendo en letra muerta”.