SAN JUAN – A pesar que la Oficina del Inspector General de Estados Unidos (OIG) comenzó a investigar desde el 2006 los fondos otorgados por la Fundación Nacional de las Ciencias (NSF, por sus siglas en inglés) a la Universidad de Puerto Rico (UPR), la investigación que realizó la Comisión senatorial de Educación reveló que bajo la presidencia de Antonio García Padilla no hubo negligencia ni desvío de fondos.
“No tenemos ninguna evidencia ni ningún testimonio específico que arroje una acusación directa contra el pasado presidente de la institución, Antonio García Padilla, pero sí reconocemos que la investigación en distintos recintos de la UPR data del 2006”, expresó el miércoles la presidenta de la Comisión de Educación, Mari Tere González, en rueda de prensa.
La NSF paralizó los fondos (30 millones de dólares) a la UPR desde abril 2012 para investigaciones científicas. El viernes pasado, las autoridades federales diligenciaron órdenes de allanamiento en las instalaciones de High Performance Computer Facility en Hato Rey, específicamente en los servidores con datos de las investigaciones de la institución universitaria. El martes, agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) se llevaron documentos que el representante Eduardo Ferrer recopiló en vistas públicas tras el alegado patrón de desvío de fondos.
Según la investigación de la Comisión, hubo inacción por parte del pasado presidente, Miguel Muñoz, ante las advertencias de la NSF y desvío de fondos de forma estratégica para propiciar una doble compensación que “es una actuación ilegal ante autoridades federales y estatales porque es permitirse el uso inadecuado de fondos que debieron utilizarse para A y ellos los utilizaron para B”, sentenció la senadora estadolibrista.
De igual forma, se indica en el informe que la “Universidad debió crear la Oficina de Cumplimiento con el propósito de auditar los recintos y sus manejos con los requerimientos de la NSF, sin embargo, el proceso para su creación se postergó irrazonablemente”, establece el comunicado. Asimismo, plantea que “se desarrolló un esquema de manera que el dinero se convertía en fondos institucionales, lo que hacía invisible para la organización el rastreo de su utilización y se permite el uso para salarios no adecuados.
La senadora popular sostuvo que Muñoz tenía conocimiento de los señalamientos de la NSF, pero no actuó sino hasta un año después y las políticas que tenían que establecerse para corregir la conducta no fue notificada a los rectores. Se involucra, además, al director del Centro de Recursos para Ciencias e Ingeniería de la UPR, Manuel Gómez, “quien autorizó y se llegó a beneficiar del aumento en la paga a los investigadores con el dinero de costos indirectos y cobrado por encima de lo permitido”, establece el estudio.
La investigación arrojó que el expresidente del primer centro docente del país, mientras fue rector del Recinto de Mayagüez, “autorizó pagos por encima de lo que permite la reglamentación y se detalla que, alegadamente, el vicepresidente de Investigación y Tecnología de la UPR, José A. Lasalde, detuvo una práctica de cobro en el verano”, agrega el documento.
El informe aún no ha sido entregado a las autoridades federales, informó la legisladora de la Pava.
(CyberNews)