EL CAPITOLIO (CyberNews) – Bajo la lupa del senador del Distrito de Guayama, Carlos Rodríguez Mateo, se encuentra la derogación de siete órdenes ejecutivas, de parte del gobierno actual, que eliminan casi una decena de áreas ya establecidas como reservas naturales alrededor de todo Puerto Rico.
“El pasado 3 de julio de 2018, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo A. Rosselló Nevares, firmó las órdenes ejecutivas OE-2018-26 y OE-2018-27 para derogar las órdenes ejecutivas OE-2016-69, OE-2016-74, OE-2016-76, OE-2016-078, OE-2016-064, OE-2016-077 y OE-2016-081… Se desprende de la Orden Ejecutiva firmada por el Gobernador, durante el mes de diciembre de 2016, el exgobernador Alejandro García Padilla designó estas áreas como reservas naturales para asegurar, a través de un plan de desarrollo sustentable, el uso prudente de los terrenos y fomentar la conservación de los recursos naturales y el medioambiente”, dijo el también Presidente de la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales en declaraciones escritas.
Explicó que la Resolución del Senado 826, de su autoría y que forma parte de la Cuarta Sesión Ordinaria, ordena a la Comisión de Gobierno “realizar una investigación exhaustiva sobre la derogación de las órdenes ejecutivas … cuyos propósitos establecían la designación de reservas naturales a Mar Chiquita, Finca Nolla, Río Camuy, Humedal Playa Lucía, Punta Cabuyones, Punta Guilarte y Punta Petrona”.
Agregó que la exposición de motivos de la resolución indica que “la argumentación presentada por el Gobernador, puntualiza en que el proceso llevado a cabo por la pasada administración, para el establecimiento de las reservas naturales, fue uno atropellado y rápido, provocando serios problemas para implementar los planes y la documentación. De igual forma, se esboza que la pasada administración de la Junta de Planificación (JP) no propuso una participación activa al DRNA para recomendar sobre el valor ecológico y presentar un inventario de recursos, entre otras labores… A pesar de lo expuesto en las órdenes ejecutivas OE-2018-26 y OE-2018-27, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio realizar una investigación exhaustiva sobre la toma decisional y trámites llevados a cabo antes de la firma de las órdenes del ejecutivo”.
“Luego de la firma de las órdenes ejecutivas OE-2018-26 y OE-2018-27, el tema ha tomado una atención preponderante en los medios de comunicación del país. Esto, debido a que se trata de una acción que va en detrimento del bienestar social, cultural y ambiental de Puerto Rico. Así las cosas, diversos rotativos han argumentado que la decisión del Gobernador fue una contraria a derecho, pues según se presenta en el caso particular del Humedal Playa Lucía, su designación como reserva natural está aprobada por la Ley Número 58-2014. También, se expone que no se realizaron vistas públicas, además de no consultar con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)”, sostuvo el legislador.