SAN JUAN – Como una solución para desmonopolizar el Colegio de Productores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico y que la industria no se maneje por unos pocos, el representante Carlos Vargas Ferrer, radicó la Resolución de la Cámara 601 que ordena un estudio exhaustivo sobre la implementación de la Ley 113-2005 conocida como la “Ley del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos” y el funcionamiento del Colegio. Tras la aprobación de esta ley que tenía como propósito proteger a los promotores locales, además de hacer compulsoria a la institución para obtener la licencia, se han presentado varios conflictos, según explicó el representante.
“Conforme redactada la ley, se pone en manos de una junta compuesta por productores activos en la profesión, el que se determine quién será colegiado y por ende quien puede producir espectáculos en Puerto Rico. Esto podría permitir el caso que la junta no otorgue o condicione la colegiación a un promotor que quisiera traer un espectáculo que pretendiera competir con algún miembro de la misma”, explicó Vargas Ferrer en un comunicado.
Asimismo, indicó que se pone la máxima autoridad de un cuerpo que tiene que velar por los intereses de una industria, en comerciantes pares que van a velar por el bienestar de sus propios negocios, antes del bien del gremio, lo que le daría influencia y acceso a información que podría ponerlos en ventaja ante otros productores.
La ley del Colegio de Productores recalca la protección del productor local para lograr diferenciar al productor local del extranjero. Sin embargo, el representante en la exposición de motivos de la medida, explicó que desafortunadamente, tanto la ley como el reglamento son bien ambiguos a la hora de los requisitos de colegiación de los aspirantes a producir eventos.
Esto dificulta la entrada de nuevos colegiados, porque se establece como requisito la asociación con un productor colegiado para un productor extranjero poder hacer eventos en la isla, y de hasta dos años para colegiarse. Esta exigencia de la asociación fue adoptada por el Colegio y la misma fue implementada a aspirantes locales lo que puede generar un estancamiento en la industria del espectáculo en Puerto Rico.
“El Colegio ha impuesto requisitos a aspirantes locales que no están contemplados en la ley o en su reglamento, como lo es obtener un bachillerato o estudios post grado en producción de una universidad acreditada. Además, el Colegio posee un comité que evalúa las solicitudes para colegiados nuevos que no está reglamentado, ni posee los criterios objetivos para evaluar las solicitudes”, puntualizó el representante.
Por otro lado, se ha evidenciado la experiencia de nuevos productores que desean colegiarse y sus intentos han sido frustrados, ya que son disuadidos a asociarse con un productor colegiado, ante la insistencia de querer pertenecer al Colegio. También implementaron tipos de colegiación que no están contemplados en la ley y por ende no puede ser expedida por el departamento de Hacienda ya que la ley solo habla de la licencia de espectáculos públicos y el colegio habla sobre franquicias limitadas a cierto tipo de eventos.
A raíz de esta situación actual dentro del Colegio el legislador expresó que este tipo de situaciones se pueden prestar para disuadir a personas que aspiren a producir eventos. Cuando la ley se concibe, se hace para proteger un mercado local de la intervención extranjera, no para limitarlo al punto de estancar su crecimiento.
(CyberNews)