SAN JUAN – La Junta de Calidad Ambiental (JCA) emitió una orden de cese y desista a la Unión de Empleados Gastronómicos del Hotel San Juan, grupo que lleva a cabo manifestaciones hace unas semanas frente a la hospedería ubicada en Isla Verde.
Frente del Hotel San Juan en Carolina. (Foto/Suministrada)
La orden surge por la violación del Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido”.
A esa orden se suma una posible multa administrativa de $15 mil por el equipo electrónico utilizado para las protestas; en este caso, ruido amplificado, megáfonos y un camión con sonido amplificado.
La determinación de la JCA ocurre luego que técnicos del Área de Control de Ruidos realizaran tres estudios, en fechas distintas, para conocer si el nivel del sonido excedía el permitido en una zona residencial – comercial. De acuerdo al primer análisis, el 16 de marzo los técnicos realizaron una inspección de 30 minutos que concluyó que el L10 (nivel de sonido que excede el 10% del tiempo del periodo de consideración o estudio) marcó 79.9 decibeles, lo que excede por 19.9 decibeles el máximo de 60 permitido para una zona residencial en un periodo diurno.
Una segunda inspección el 25 de marzo encontró que nivel de sonido excedió por 16.1 decibeles el establecido para un área comercial durante un periodo diurno; un tercer estudio, realizado el 27 del mismo mes, arrojó que el nivel de sonido para la zona residencial marcó 72.1 decibeles, lo que representa un exceso de 12.1 decibeles al que dispone el Reglamento para el Control de la Contaminación de Ruido.
El citado estatuto establece que “ninguna persona emitirá o permitirá la emisión de cualquier sonido, el cual al cruzar el límite de propiedad del predio originador de sonido pueda exceder los niveles establecidos”.
El personal técnico de la JCA verificará el cumplimiento de la orden mediante auditorías e inspecciones, las que se irán realizando a partir del momento que se complete el diligenciamiento de la orden. Cualquier incumplimiento con la misma, será causa suficiente para la imposición de multas ascendentes a $25 mil diarios por cada infracción.
