SAN JUAN – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, lamentó el lunes, el veto de bolsillo del Gobernador a la medida que viabiliza la primera Ley de Educación Especial en Puerto Rico y responsabilizó a la Junta de Control Fiscal por el mismo.

Destacó, además, que la Cámara continuará su búsqueda de alternativas para mejorar los servicios que reciben los estudiantes adscritos a programa de educación especial.

“Lamentamos profundamente que las decisiones de la Junta de Supervisión Fiscal, ente federal impuesto por nuestra condición colonial, sean la piedra en el camino para que los niños de la corriente de educación especial no puedan recibir una mejor calidad en los servicios prestados en estos momentos. Es triste que se coloque un precio sobre las necesidades de estos talentosos estudiantes que únicamente necesitan de nuestra ayuda para alcanzar sus más altos potenciales. La Junta tiene que entender que esto no sólo se trata de un ejercicio de dólares y centavos en una tabla de Excel; aquí se trata de jóvenes con mucho potencial que se le están privando de herramientas para su futuro y eso se tiene que denunciar”, señaló Méndez Núñez en declaraciones escritas.

“Que nuestros estudiantes de educación especial, así como sus padres y maestros, sepan que esta Cámara de Representantes va a redoblar esfuerzos por brindarles mejores servicios, por que tengan mayores oportunidades educativas y de formación social. Vamos a entrar en un proceso de evaluación de iniciativas que permitan garantizar los beneficios que el Proyecto de la Cámara 1484 disponía en su decretase. Esta lucha no termina aquí, por el contrario”, agregó Méndez Núñez.

El presidente cameral agradeció las gestiones del representante Rafael ‘June’ Rivera Ortega, autor del Proyecto de la Cámara 1484, por su trabajo a favor de la educación para personas con necesidades especiales.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares informó que no firmó el Proyecto de la Cámara 1484 que buscaba crear la nueva Ley de Educación Especial.

Esta determinación se da luego de que la Junta de Control Fiscal (JCF) indicara que la medida requiere de fondos adicionales no presupuestados, lo que la hace incompatible con el Plan Fiscal, sostuvo el gobernador en comunicación escrita.

Tras la determinación de la JCF, el primer ejecutivo explicó que se vio imposibilitado de impartir su firma en la medida. Conforme a la Ley federal para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), la JCF tiene la facultad para determinar que una ley es inconsistente con el Plan Fiscal y tiene la potestad de dejarla sin efecto.

“Como parte del análisis, el Gobernador solicitó al Departamento de Educación que revisara los números de impacto fiscal que pudiera tener la medida. Aun así, la cifra se mantuvo en los 90 millones de dólares anuales, lo que imposibilitó la firma de la medida”, expresó el secretario de asuntos Públicos, Anthony Maceira Zayas.

En primer lugar, la medida ordena una evaluación inicial para todo menor discapacitado efectuada por personal capacitado en todas las escuelas. El costo por la capacitación de este personal y por las evaluaciones es de sobre 9 millones de dólares anuales.

De igual forma, la medida crea oficinas regionales de Educación Especial que tendrán un impacto de sobre 1.5 millones de dólares. También ordena un campamento de verano que tiene un impacto de 3.7 millones de dólares.

Por último, y el impacto mayor de la medida, son los referidos de terapia a remedio provisional, luego de transcurridos 60 días de la solicitud de servicios. El acortar los términos para evaluación de los servicios tiene un impacto fiscal de sobre 72 millones de dólares.

“El Gobernador está totalmente comprometido con los estudiantes de Educación Especial. La Ley 85-2018 reafirma este compromiso, estableciendo una política pública contundente de integración y mayores servicios para esta población de estudiantes”, indicó el titular de Política Pública.

Entre las iniciativas en beneficio de los estudiantes de Educación Especial se encuentran:

El desarrollo de programas de aprendizaje para la población de diversidad funcional por medio del Centro para el Desarrollo, la Capacitación e Investigación de la Enseñanza.
La implementación de los diplomas modificados, para considerar la situación particular de cada estudiante en ausencia del diploma de cuarto año.

El Programa de Libre Selección de escuelas, el cual permitirá que los padres puedan enviar a sus hijos al centro que más apto esté para sus necesidades particulares.

Los salones de clase inclusivos con integración entre Educación Especial y la corriente regular.

“El Gobernador continuará evaluando todas aquellas iniciativas que puedan redundar en beneficio de los estudiantes de Educación Especial. También evaluará cualquier pieza legislativa que se presente sobre el tema en el futuro, en la medida que sus iniciativas se puedan financiar”, concluyó el funcionario.