SAN JUAN – La directora de ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, habló el martes sobre las objeciones al proyecto tributario con los presidentes legislativos, los presidentes las comisiones de Hacienda y la secretaria del Departamento de Hacienda.

“Muchas de nuestras preocupaciones vienen de la tardanza en implementación y de los cambios al proyecto de ley, los cuales reducen nuestra confianza en la habilidad del Gobierno de Puerto Rico para lograr los ingresos antes de poder costear los créditos contributivos y las reducciones en tasas. El Plan Fiscal Certificado requiere que cualquier cambio contributivo sea neutral para el fisco, o sea, toda reducción contributiva tiene que venir acompañada de ingresos equivalentes, incluir elementos que brinden confianza, como ajustes de comportamiento e índices de captura”, dijo Jaresko al finalizar la reunión en la oficina del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

“Para asegurar la neutralidad al fisco, la implantación de cualquier iniciativa tiene que ocurrir de forma secuencial, con la habilidad de asegurar que las iniciativas pueden ser costeadas antes de reducir las tasas contributivas.  La legislación propuesta aprueba las reducciones contributivas, a la vez que las iniciativas que las pagarían, y lo hace de forma muy tardía en el año calendario, creando un riesgo adicional a la neutralidad requerida. Por lo tanto, estamos solicitando medidas de confianza adicional para las iniciativas que garantizarían esa neutralidad”, añadió.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez mencionó que esperan por una información que pueda atender la preocupación de la Junta sobre las garantías adicionales que requiere el ente federal creado bajo la Ley PROMESA.

“Si logramos identificar esas mayores garantías y mayores ahorros en el gobierno, ellos no tienen ninguna objeción con el proyecto de Reforma Contributiva. Así que yo creo que estamos por buen camino para lograr un proyecto de reforma”, sostuvo Méndez Núñez.

Entretanto el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz anticipó que las discrepancias con la JCF se pueden resolver.

Los tres puntos de preocupación, según los líderes legislativos son: lograr mayor garantías de ahorros en el gobierno que puedan manejar cualquier problema en los estimados de recaudos; recibir información adicional sobre el impacto en ingresos con la legalización de las máquinas tragamonedas y evitar el lenguaje que habla sobre el poder del secretario de Hacienda para llegar a acuerdos contributivos.

“No estamos en desacuerdo con el tercer punto. Mucho menos con el segundo, ya se le había provisto la información. Y con el otro asunto, la Junta se comprometió en enviar unos números a la secretaria de Hacienda, para discutirlos entre todos y poder llegar a ese acuerdo”, sostuvo el presidente cameral.

Según Jaresko, la solicitud sobre los poderes al secretario de Hacienda son “que se vuelva a incluir el lenguaje acordado con el Gobierno previamente”.

“Aún hay áreas del proyecto de ley que nos preocupan en relación con la política pública, y es nuestro deber hablar de ello. Iniciativas contributivas como éstas no sólo tienen repercusiones fiscales, sino que tienen implicaciones económicas a largo plazo, ya que definen nuestra competitividad hacia el futuro. Tenemos que estar pensando más ampliamente en implantar una reforma contributiva que haga a Puerto Rico más competitivo y mejore sus ingresos, simplificando el sistema contributivo, reduciendo la carga de cumplimiento para individuos y negocios, y promoviendo desarrollo económico. Falta mucho trabajo por hacer para lograr nuestras metas compartidas y esperamos continuar trabajando con los legisladores y la Administración actual para alcanzar esas metas a largo plazo”, mencionó Jaresko.

“Dicho de la manera más sencilla, entre el gobernador, Cámara y Senado no hay diferencias. Sencillamente hay tres puntos que ha traído la Junta ahora que nos parecen razonables y los podemos visitar. Si hubiésemos estado en desacuerdo lo hubiéramos expresado. Son tres puntos que nos parece que son razonables y nos parece que podemos atenderlo de manera expedita con los números que ellos todavía no tienen y que se comprometieron a enviarlos en la tarde”, mencionó Rivera Schatz.

Según Rivera Schatz, Jaresko no especificó  a cuánto más ascienden las garantías adicionales que quiere la Junta. En el proyecto pendiente de aprobación final, el ahorro que el gobierno tiene que garantizar en caso de que no se cumplan las expectativas de la llamada Reforma Contributiva es de 98 millones de dólares.

“Si el planteamiento que trae la Junta resulta razonable, con mucho gusto. Sino, pues los enfrentamos”, expuso Rivera Schatz.